Según algunos, la Universidad Católica quiere que los chilenos paguemos con nuestros impuestos sus particulares creencias religiosas. Para ellos, su pretensión de recibir financiamiento público en determinados centros de salud y, al mismo tiempo, acogerse a la objeción de conciencia sería injusta, porque lesionaría los derechos de las mujeres que quieren abortar. Según estas teorías, también resultaría inapropiada, porque si un privado sustituye al Estado en un campo determinado debería someterse por completo a la lógica estatal.

Con todo, si nos tomamos la molestia de ver el título que lleva la ley en cuestión veremos que dice: "Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales". Es decir, según la propia norma legal, estamos ante solo una despenalización, lo que implica que los órganos del Estado deberían actuar en consecuencia. Para eso hubo votos en el Congreso, no para garantizar el aborto como un derecho exigible. Supongamos que mañana se despenaliza la venta y consumo de la marihuana, ¿significa eso que cualquier organismo que tenga un convenio con el Estado en esas áreas deberá estar obligado a venderla? Se trata, obviamente, de un ejemplo, pero resulta ilustrativo porque muestra que quienes se empeñan en obligar a la Católica a hacer abortos o dejar de prestar atención obstétrica y ginecológica a pacientes del sistema público están yendo mucho más allá del alcance de la propia ley.

En países como Alemania, los establecimientos de salud privados que tienen convenio con el Estado reciben financiamiento estatal y a nadie se le ocurre obligarlos a practicar abortos. Quizá se deba a que los juristas y políticos alemanes están atrasados y no conocen las últimas teorías chilenas sobre la materia, pero también cabe pensar que ellos sí son capaces de entender que la atención de salud no constituye un paquete indiferenciado, y que el aborto no tiene por qué estar incluido entre los servicios mínimos de una atención ginecológica de buena calidad.

No nos engañemos. La presente discusión sigue la misma lógica que otros debates que hemos presenciado en Chile en los últimos años. Ayer teníamos una exquisita discusión intelectual sobre la gratuidad de la educación mientras muchos niños morían en el Sename y otros vegetaban en él sin soñar siquiera con llegar a la universidad.

Las personas que hoy debaten sobre la objeción de conciencia no viven en Puente Alto o La Pintana. Ni ellas ni sus mujeres se tratan en los servicios públicos de salud. En cambio, ninguna de las pacientes atendidas por los ginecólogos de la Universidad Católica en esas comunas está en condiciones de escribir una columna protestando por el disparate que significa privarlas de ese beneficio. No podrán decirle a la gente importante que cualquier hijo de vecino se da cuenta de que para la Católica no resulta rentable atenderlas; que lo hace no porque quiera financiar sus creencias con nuestros impuestos, sino porque está convencida de que posee una vocación pública y de que puede prestar un servicio a los más necesitados, aunque a algunos no les guste que así sea.

Las herramientas para resolver este entuerto están allí, lo que falta es voluntad. El dictamen de la Contraloría no va contra la Universidad Católica, sino contra La Pintana. La PUC seguirá existiendo y tratando de cumplir su misión pública por muchos años, incluso cuando del actual contralor apenas quede el recuerdo. En cambio, si no es corregida oportunamente por otras instancias, su inflexibilidad o falta de imaginación jurídica podrá afectar a personas muy reales, y ese daño resulta doloroso.

Afortunadamente, todavía existen las vías constitucionales para reparar esta injusticia. Porque si una teoría, por bonita que sea, impide que varios miles de mujeres chilenas en situación vulnerable sigan recibiendo la mejor atención médica de Chile, me permito decirles a los contralores, a los columnistas, a los parlamentarios, a los jueces, a los periodistas y a los profesores que antes que dejar botadas a esas miles de mujeres lo que corresponde es cambiar rápidamente de teoría.