¿Qué muestra el dictamen de la Contraloría que señala que las instituciones privadas de salud que tienen convenio con el Estado no pueden invocar la objeción de conciencia en materia de aborto? Muchas cosas, pero la primera es que las mentiras tienen patas cortas.

El gobierno de Bachelet dijo una y otra vez que esta no era una ley de aborto, sino una simple despenalización. Sobre esta base, los parlamentarios DC como Carolina Goic o Ignacio Walker justificaron su voto. A quienes criticábamos su postura, nos repetían que se trataba de una mera despenalización.

Si la Contraloría tiene alguna razón, entonces eso significa que no se dijo la verdad. Contamos con un Congreso -y no con una mera asamblea callejera-, porque pensamos que las leyes pueden ser el resultado de un proceso de deliberación racional. El engaño corrompe ese proceso y daña a la democracia.

Al leer el dictamen, sorprende que en ningún caso suponga que lo anunciado por el gobierno de Bachelet era verdad y pudiéramos estar ante una despenalización. Porque una despenalización supone hacer algunos cambios, pero no alterar todo nuestro sistema jurídico hasta el punto de que quien se niega a practicar un aborto aparezca como un bicho raro, como trasunta el dictamen en cuestión.

Pero el dictamen no solo da por hecho que aquí no hay despenalización, sino una ley de aborto común y corriente, de la que emanan auténticos derechos (y no solo la renuncia a un castigo). Además de eso, hace caso omiso de la ley, que sí establece la posibilidad de que las instituciones privadas sean objetoras, sin hacer distinciones. Es más, ni siquiera se toma la molestia de violar esa disposición legal: simplemente la torna inoperante.

En efecto, ¿para qué tipo de instituciones está pensada esa objeción? Obviamente no está ideada para que la invoque el club deportivo Colo Colo; está creada para las instituciones de salud. ¿Cuáles? Solo un estalinista podría pretender que se aplica a todas las clínicas sin distinción. Un establecimiento que no tiene convenios con el Estado puede decir que no practica abortos con la misma libertad con que no realiza operaciones de cataratas.

La objeción de conciencia está pensada precisamente para las instituciones privadas que tienen convenios de salud con el Estado. Si no se aplica a ellas, entonces esa objeción no favorecería a nadie, sería solo un ejercicio verbal de la ley, lo que resulta absurdo.

Al hacer inoperante una objeción establecida precisamente por la ley, la Contraloría -que es una institución dedicada a controlar la legalidad de los actos de la Administración del Estado-, se salta, ella misma, la legalidad que debe resguardar. Feo.

El dictamen presenta también algunos problemas conceptuales. De hecho, parece empeñado en confundir lo público con lo estatal. Sostiene que cuando una entidad suscribe un convenio con los Servicios de Salud, "toma el lugar del respectivo servicio" (lo "sustituye", dice el DFL 36 de 1980). Pero entiende esas expresiones de modo tal que exige que el privado asuma la misma lógica del aparato estatal en todas sus dimensiones, sin atender a las peculiaridades de la sociedad civil. Como si la presencia de las iniciativas solidarias de los ciudadanos fuese solo un mal que debemos tolerar mientras no puedan ser abarcadas por el aparato estatal.

Quizá esta última consideración les parezca excesivamente filosófica a los abogados de nuestra Contraloría, pero al menos podrían preguntarse, con un poco de sentido práctico: "¿quién pierde en todo este asunto?" Si uno escucha a cierta izquierda, parecería que la gran perdedora sería la Universidad Católica. La verdad es que la PUC, como otros centros análogos, nos está prestando un gran servicio a los chilenos: porque nunca ha sido un buen negocio atender a 60 mil personas vulnerables de Puente Alto y La Pintana con muchos de los mejores médicos del país. Este es un servicio que, como ha reconocido esa universidad, le supone un importante déficit económico, que asume en virtud de su vocación pública. En suma, se le está haciendo un chantaje sin sentido a una institución que se sabe no hará abortos y de la que sabemos también que no podemos prescindir.

Afortunadamente, el Gobierno aún tiene instrumentos para enderezar este entuerto y evitar este daño a muchos miles de chilenos. Porque si la PUC y otras instituciones deben retirarse de este servicio, ¿quién atenderá a esas personas? ¿Acaso lo harán los abogados de la Contraloría?