De la medianía económica no saldremos si la política no genera un ambiente de confianza que aliente la inversión privada, pues el Estado no tiene los recursos para dar ese salto. Pero si esa confianza se recuperara al costo de hacer vista gorda a los abusos, a los engaños o a la corrupción que no pocas empresas han venido practicando, entonces no pasará largo tiempo para que sean mayoría quienes desechan el mercado y nos invitan al socialismo del siglo XXI que, como ya sabemos, termina en la dictadura y en la pobreza. La política está desafiada entonces a generar confianza a la iniciativa privada a la vez que a regularla y fiscalizarla, de modo inteligente y eficaz. Este equilibrio solo lo logrará quien tenga el liderazgo para abatir la fuerte tendencia que la política exhibe hacia el populismo, la promesa demagógica, el desprecio al pragmatismo, a las ideas sofisticadas y a los equilibrios. Más que de estructura productiva, como ahora quieren mostrarlo los ministros, o aunque así lo fuera, la senda del crecimiento exige de un cambio político.

Sin crecimiento no podremos sacar de la pobreza a más de un millón de nuestros compatriotas que la experimentan a diario con angustia. No habrá recursos para dar oportunidades a los niños abandonados, abusados, desertores o en ambientes sin estímulos; a los viejos postrados, a los jubilados que reciben pensiones de miseria. Los gobiernos y los liderazgos débiles no atenderán a los más necesitados, pues destinarán los recursos escasos a satisfacer a los grupos de presión que les amenazan. Renunciaremos a ser un país justo y solidario.

En este país, tan presidencialista, el elegido tendrá que hablar claro para bajar las expectativas sembradas por quienes han creído que la política es cosa de dar testimonios, de vocear aspiraciones y rabias; tendrá que reunir coraje para alejarse y polemizar con quienes han sembrado promesas de gratuidad universal en la educación superior, gratuidad en los estacionamientos y en el transporte, como si la justicia no exigiera atender focalizadamente necesidades rivales más acuciantes. El o la líder tendrá que hacerse cargo, si es que no quiere deslizarse en la línea chavista, de convencer que tener un derecho no equivale a poder gozar de él gratuitamente. Tendrá que volver a explicar no tanto los deberes ciudadanos, una idea ya en boga, como la inescapable necesidad de optar entre necesidades competitivas, con recursos escasos. Los candidatos con coraje tendrán que priorizar en medio de este ambiente de frustración ciudadana y de ofertones políticos.

Quien salga elegido tendrá que volver a hacer política en la medida de lo posible, pues ninguna coalición tendrá mayoría en el Congreso. Tendrá que reivindicar, o al menos practicar, la política de los acuerdos, sin poder ya culpar a las leyes de amarre.

Quienquiera sea el o la próxima Presidente tendrá que explicar que una nueva Constitución no puede ser un interminable catálogo de derechos garantizados, pues ello no hará sino acrecentar la degradación de las mayorías en el Congreso, fuerzas cuyas decisiones devienen en inválidas o en irrelevantes cuando los jueces, en nombre de los derechos, tienen la última palabra, con grave deterioro de las nociones elementales de la democracia, como que todos somos igualmente dignos, por lo que las decisiones colectivas deben adoptarse por mayoría.

La de Rafael Garay puede ser una gran experiencia nacional para aprender a huir de los que prometen un cielo fácil. Admiración y fuerza a los candidatos con coraje para hablar con la verdad y hacerse cargo de la aguda crisis política en que estamos.