Termina la peor semana política de los últimos años. Medio millón de electores verán más o menos severamente entorpecido su derecho a voto y a partir de mañana los perdedores encontrarán más argumentos para desacreditar los resultados; para decir que los números oficiales no son la voz con la que el pueblo legítimamente deposita poder en unos y priva de él a otros; puede surgir ese cuestionamiento a ese postrer y hasta ahora impoluto bastión de la debilitada credibilidad de nuestras instituciones: la legitimidad de origen de sus autoridades. Tratemos al menos de sacar lecciones.

El problema se originó en actos ilegales del Registro Civil, el que provocó cambios, más allá de los casos en los que estaba autorizado. Probablemente una mala programación computacional, no advertida por el funcionario que era contraparte de la empresa contratada. La ministra de Justicia asume la responsabilidad política por este grave problema y el entrante anuncia que rodarán las cabezas necesarias. Hasta allí, las instituciones funcionan. Ese grave problema ha sido enfrentado como se debe en las democracias, las que no están inmunes a este tipo de errores.

Ese problema fue conocido, al menos desde julio, para varias autoridades. Durante meses hubo inacción. ¿Indolencia por el derecho a sufragio? ¿Ignorancia acerca de la importancia de un padrón electoral para la legitimidad de quienes ejercen poder en democracia? ¿Soberbia? No lo sabemos, ni el país tiene claro en quiénes radicar esta responsabilidad de omisión, ciertamente más grave que la del error inicial, pues difícilmente la democracia sobrevive en un clima de autoridades indolentes frente a los mecanismos procesales en los que descansa. Pero tampoco este es el peor de los estropicios.

Servel, responsable del padrón, dijo que el problema era del Registro Civil; este, que lo había advertido hace rato; el ministerio de la Presidencia que lo conocía, que había hecho todo lo posible, pero que no le correspondía al Gobierno administrar el padrón, que en ese problema "el Ejecutivo no tiene injerencia". La Presidenta, con olvido del título de Jefa de Estado que ostenta, declaró que el Gobierno "ha hecho todo lo posible por resolver un problema que venía desde el año 2012 y que se ha acumulado hasta la fecha". No necesito seguir enumerando el modo en el que las autoridades concernidas erigieron el más descomunal monumento al comprahuevos imaginable y lo clavaron en el centro de la cultura cívica y democrática, ofendiéndola gravemente. Este tercero, me parece a mí el problema más grave, pues la democracia no se compadece con el intento de eludir responsabilidades.

Cuando cunde la conciencia de la gravedad del problema, gracias a la protesta de los afectados y a los medios de prensa y redes sociales, se intenta que el Congreso solucione el problema, pero este muestra que ya no está para esos trotes. La retroexcavadora ha hecho un ruido ensordecedor en la política, sin asentar muchos nuevos cimientos, y eso ha generado un ambiente de reyerta que desprecia los acuerdos. En esas arenas movedizas resulta muy difícil sacar adelante un proyecto así en dos días. El Congreso exhibe ser más parte del problema que de las soluciones, y el comité político muestra impericia para leer esos aires y moverse en ellos. Ahora, los mismos que no lograron un acuerdo van por las yugulares de estos ministros.

El problema -en un clásico chilensis- termina derivado a la justicia penal, la que difícilmente aportará a solucionarlo, desde que el único ilícito penal invocado sanciona a quien por negligencia extravíe o destruya información del Registro o del Padrón Electoral, lo que no parece ser el caso. Ojalá la arista penal no sirva para que los responsables empiecen con la otra cantinela, tan indignante como contraria al espíritu cívico, de la presunción de inocencia.

Mala semana para la política, peor a un día de las elecciones.