El enorme impacto que causó la revelación de la atleta Érika Olivera en revista Sábado de "El Mercurio", de que sufrió abusos sexuales por parte de su padrastro por más de diez años, debiera constituir un antes y un después en esta materia. Ella está representando no solo su propio caso, sino marcando un camino para muchos jóvenes y niños que sufren -o han sufrido- por años la violencia física, pero también de la equivalentemente dañina violencia sicológica del silencio, la vergüenza y la soledad de su padecimiento. En efecto, muchos de los abusos a menores son cometidos por figuras cercanas, como profesores o parientes, lo que hace mucho más difícil que -tal como lo contaba Érika en su entrevista- el menor se dé cuenta de que está siendo abusado, y luego que encuentre dentro de su propia familia la seguridad y la protección requerida para hablar.

Este caso nos debe hacer reflexionar, en primer término, sobre la cultura del silencio y la omisión, del "meter debajo de la alfombra", que es la que contribuye -como un cómplice más- a que estas situaciones no sean enfrentadas. No hablar de ciertas cosas, evadir, negar, es parte de una manera muy chilena de (no) ver los problemas, lo que con el tiempo hace mucho más difícil que quienes han sufrido abusos quieran dar el paso y denunciar. Muchas veces el miedo a ser rechazada, estigmatizada, discriminada, reducida a aquel momento de su vida, hace que las víctimas eviten el desgarrador pero necesario paso que Érika dio.

En segundo lugar, es esencial que -considerando las circunstancias antes descritas- se tomen medidas para impedir la impunidad que pueden provocar las actuales reglas de prescripción. Debiera estudiarse, entonces, la imprescriptibilidad de estos delitos o, al menos, avanzar en definir excepciones y aumentos de plazo para crímenes de esta naturaleza. Es cierto que una medida como esta es de gran complejidad y complicación jurídica, pero casos tan graves están destinados hoy a terminar sin sanción judicial. Este es un drama en que la ley debe adaptarse y evolucionar, de manera de que al final de este camino no haya impunidad. Es imprescindible, entonces, que el Gobierno transforme esta conmoción social en urgencia legislativa, y que la justicia investigue y establezca los hechos.

El abogado Hernán Fernández, defensor de las víctimas de Paul Schaefer, en una entrevista a raíz de este caso y citando jurisprudencia de la Corte de Apelaciones, dijo que existe una alta probabilidad de que este sujeto haya cometido más delitos, "y con esas denuncias se va a proceder a una cadena de interrupciones de la prescripción y podríamos juzgarlo perfectamente. Esto obliga al Estado, a través de los tribunales de justicia, a investigar".

El horror que ha relatado Olivera no tiene reparación posible, salvo la restitución de la dignidad que otorga la verdad, y la posibilidad de dejar un legado permanente en Chile para proteger a personas que padecieron -o están padeciendo- como ella.