Que el crucifijo y los libros, dos símbolos de la civilización, terminaran el uno apaleado y los otros desguazados, con todos los escalofríos que causa, no me parecen las manifestaciones más preocupantes del movimiento estudiantil.

Esos dos actos de barbarie provienen de una minoría radicalizada. Lo que es generalizado en el movimiento estudiantil es manifestarse frecuentemente en causas nacionales por unos medios incompatibles con el ideario de la democracia y el supuesto de la igual dignidad de todos en la que descansa. Eso me parece más preocupante.

Tomo como ejemplo la toma de establecimientos, un método legitimado entre los jóvenes. ¿Con qué derecho pueden unos apropiarse temporalmente de un bien que no les pertenece e impedir que otros realicen las actividades a las que tienen derecho o a las que se han comprometido? No conozco petitorio, mayoría, demanda ni razón que pueda justificar impedir así, por la fuerza, el ejercicio de los derechos de otros, a menos que se predique una de las siguientes dos condiciones: La primera es que quienes usan la fuerza no tengan otro modo de participar en los asuntos públicos; que no puedan ejercer el derecho a sufragio, la competencia política, la libertad de expresión y el derecho a manifestarse. Excluida la deliberación, el uso de la razón o la decisión mayoritaria, entonces el sistema de convivencia merecerá calificarse de ilegítimo y esa opresión justificará el uso de la fuerza. En ese escenario la fuerza deviene en un medio legítimo para oponerse a la fuerza ilegítima del Estado. Esta primera hipótesis supone predicar la ilegitimidad del orden constituido.

¿Habremos llegado a eso? ¿Es el financiamiento irregular de la política baldón suficiente para predicar la ilegitimidad de quienes detentan poder por mandato de las urnas? Si lo es, debiera haber una renuncia masiva y nuevas elecciones. Si no lo es, las autoridades debieran estar desautorizando el uso de toda fuerza. No se trata de reprimir. Se trata de educar y de dar la batalla cultural en el plano de las ideas. El problema es que los adultos y particularmente aquellos que ejercen cargos políticos no parecen estar ni en una ni en otra actitud. Ni se renuncia al poder ni se tiene el aplomo para calificar de ilegítimo el uso de la fuerza que impide el legítimo ejercicio de los derechos de otros. Dicen algunos de quienes detentan cargos de elección popular que la Constitución, es decir que el orden constituido, es espurio, sin darse cuenta que si lo es, carecen también ellos de todo título para ejercer poder político.

La segunda hipótesis que puede legitimar la fuerza social es que quien la emplea diga ser mejor que quien la padece: Te impongo mi fuerza porque soy mejor que tú, o tengo derecho a imponerte mi fórmula porque es intrínsecamente mejor que la tuya. Desde esa posición, la más peligrosa de todas, los jóvenes no debaten con los mayores, simplemente los superan. Éstos, no pocas veces, reaccionan adulándolos, como si los jóvenes fueran portadores de una pureza y de un ideario superior al del resto de los mortales. Esta segunda hipótesis es incompatible con predicar la igual dignidad de todos.

¿Se podrá invocar el nombre de la democracia y de la igualdad en el debate público hasta triunfar contra el uso de la fuerza y de la arrogancia hoy alojada entre tantos jóvenes? Para eso, los que tienen la legitimidad de los votos, con todas las miserias y manchas a cuestas, tendrían que asumir que sus títulos son suficientes para ejercer autoridad hasta las próximas elecciones y hasta una nueva Constitución. Que, por mientras, pueden obligar a todos a mantenerse en las formas deliberativas y de decisión de la democracia que tenemos. Tendríamos que entender que esta igualdad y esta democracia imperfectas son mejores que la ley del más fuerte. ¿Estaremos suficientemente convencidos de ello?