La propuesta de reprimir penalmente las filtraciones en los juicios ha causado alarma en los medios de prensa, pues las sanciones podrían ser aplicables a los periodistas. Se afirma que esta medida significaría una restricción a la libertad de prensa y un obstáculo para la transparencia democrática. Me temo que las cosas no son tan sencillas, sin perjuicio de que es necesario afinar la redacción del texto legal.

De partida es falso que las filtraciones fomenten la transparencia. Más bien sucede lo contrario, porque constituyen un mecanismo bastante turbio. Resulta fácil advertir que esos datos no se filtran para todos los periodistas sino solo para los amigos. Cada fiscal tiene sus medios regalones, lo que en la práctica significa que el acceso a la información no depende de la seriedad profesional de la persona que investiga la noticia, sino de factores absolutamente extra periodísticos, es decir, de privilegios no justificados.

Hasta ahora, en nuestro país, el dato relevante para conseguir filtraciones son los contactos personales, pero mañana puede ser el dinero o la extorsión. Si la prensa es tan celosa para advertir al público sobre los oscuros vínculos entre el dinero y la política, debería tener el mismo cuidado para no caer en vicios semejantes. ¿O solo los políticos y los empresarios pueden caer en prácticas que podrían derivar en corrupción?

También resulta turbio que los fiscales empleen las filtraciones como un medio de manipular a la opinión pública, dando a conocer selectivamente las partes que más les interesan para así ganar una batalla que debería ser jurídica pero que se transforma en comunicacional. Echar sobre los jueces la presión popular no es un modelo de juego limpio ni fortalece a ninguna democracia.

Vistas así las cosas, la publicación de contenidos reservados pierde buena parte de su glamour. Ya no es un mecanismo de protección de la democracia, sino una práctica donde unos juegan con ventaja y que resulta mucho más parecida al doping de un deportista que a una actividad de control de la transparencia política.

Pero hay más. Si un panadero compra un televisor robado no puede argüir que él no lo robó, porque lo castigarán por receptación. ¿Deberían los periodistas o los columnistas tener un estatuto privilegiado en la sociedad, que les permita beneficiarse de los delitos ajenos sin incurrir en ninguna responsabilidad? A todos nos gusta tener privilegios, pero esta no es una cuestión de gustos, sino de justicia republicana.

El tema de las filtraciones tiene muchas aristas. No siempre son los fiscales los responsables, a veces son los abogados defensores, como probablemente sucedió tiempo atrás con la declaración de Sebastián Dávalos acerca de las razones que lo llevaron a borrar el contenido de su computador. Otras veces vienen de la fiscalía: dudo que ME-O haya tenido interés en que, después de decir que había contestado "todas" las preguntas que se le hicieron, pudiéramos saber que en realidad había hecho uso de su derecho a guardar silencio. Una filtración semejante solo pudo haber venido del fiscal. Los adversarios de ME-O nos gozamos de este traspié que pone en duda su veracidad, pero es un gozo que proviene de una conducta injusta que daña a nuestro sistema legal.

Otro dato interesante en esta discusión es la diferencia de criterio que podemos advertir entre las autoridades nacionales de la fiscalía, partidarias de sancionar dichas ilegalidades, y los profesionales de rango inferior, donde son frecuentes tales corruptelas. Aquí no estamos en presencia de una discusión entre los inmaculados defensores de la transparencia democrática y unos malvados represores, empeñados en poner una mordaza a la verdad. La cuestión más bien es determinar si nos vamos a tomar en serio nuestras propias leyes, como parece pensar el Fiscal Nacional, o si en la persecución de los delitos esos agentes de la justicia pueden hacer caso omiso de aquella legalidad que están llamados a defender.

En suma, aquí no se trata de tapar cosas, pues ni Abbott ni los senadores lo pretenden. La cuestión es saber si hay personas (fiscales, periodistas o columnistas) cuya función es tan importante que están facultadas para constituirse en un grupo dispensado de cumplir la ley. Dicho con otras palabras, se trata de saber si todavía tenemos una república.