Al año 2020 la demanda de energía eléctrica obligará a disponer, al menos, de una oferta de 8.000 MW. Una tremenda meta, que exige ejecutar proyectos de generación energética.

Las opciones son limitadas. Las centrales termoeléctricas a carbón, petróleo o gas contaminan bastante y son combatidas de plano; las nucleares están descartadas y la gama de energías renovables no convencionales se encuentra en un estado muy incipiente de desarrollo: requieren altas inversiones, su eficiencia energética es menor y son menos atractivas para la empresa, amén de que sus instalaciones quedarían muy distantes de centros urbanos.

¿Cuál debería ser la solución más razonable? La hidroelectricidad. Porque el potencial de recursos hídricos, desde la cuenca del río Maule hasta la región sur austral, es abundante y puede significar 9.000 MV por lo bajo, según estudios. Es un recurso limpio, renovable y esencial de nuestra matriz energética. Pero ya sabemos. Cualquier tipo de centrales que se proyecten, sean de paso (aprovechan el flujo de ríos) o de embalse (para almacenar caudal de ríos, lagos), es rechazado por grupos ambientalistas, presentando recursos de protección. Ambientalistas que de seguro consumen electricidad, al igual que parlamentarios que se suman a movilizaciones, máxime con elecciones ad portas, pero sin que nadie presente soluciones viables al problema.

El Ministerio de Energía está gestionando centrales de paso en regiones y ha tenido que enfrentar la marea ambientalista. Por ejemplo, comunidades mapuches durante enero llegaron al Congreso para rechazar la "imposición" de proyectos energéticos, varios hidroeléctricos en La Araucanía, no obstante contar con las aprobaciones correspondientes. Idéntico panorama experimentan iniciativas privadas, como la central de paso Mediterráneo en el río Puelo, al oriente del seno de Reloncaví, o la central de embalse en el río Cuervo, al noroeste de Puerto Aysén.

El propósito es judicializar las demandas. Se argumenta que las instalaciones y represas modifican el microclima, dañan los bosques nativos, alteran el hábitat natural, deterioran el paisaje y el turismo. En esta línea, hace unas semanas se conmemoró el día mundial contra las represas con manifestaciones en Puerto Aysén: "Patagonia sin represas" rezaba un letrero y otro, "Asamblea constituyente ahora".

No tengo ninguna vinculación con intereses comprometidos, pero la sistemática oposición a este tipo de fuentes energéticas me resulta inexplicable, porque conozco una realidad distinta: el lago Colbún, uno de los mayores embalses artificiales, con una central que entró en funcionamiento en 1985, aportando así como 485 MW. Se accede a sus riberas tanto desde Talca (norte) como desde Linares (sur). ¡Enhorabuena! el movimiento ambientalista era ínfimo cuando se proyectó, porque hoy no existiría. Nada catastrófico ha ocurrido desde entonces. Por el contrario.

Los residentes estivales han forestado y conozco a quienes han plantado especies nativas o, simplemente, ellas crecen solas, precisamente por el microclima que se generó. La variedad de pájaros es cuantiosa, igual que la de aves acuáticas silvestres. Se ven bandadas de loros tricahue, de bandurrias, palomas torcazas; hasta he visto cisnes cuello negro, todas especies en extinción, según dicen. En fin, flora y fauna a granel. Es un centro turístico apreciado por visitantes habituales u ocasionales, que dan trabajo a pobladores de localidades cercanas. Es cierto, me suscribo, hay que cuidar la tierra en que vivimos y oponerse a instalaciones que provoquen deterioro evidente de la calidad de vida. Pero ante este tipo de centrales, los ambientalistas se equivocan, exageran. Han elaborado un discurso terrorista, sobre una serie de supuestos; en cambio, otros tenemos una serie de constataciones empíricas que lo contradicen.