Lo inmediato ha dificultado ver el escollo más importante en el programa de participación del proceso constituyente, cual es que su diseño arriesga frustrar lo que promete. Como está proyectado, no habrá un proceso participativo amplio que recoja las aspiraciones y opiniones ciudadanas.

Hasta ahora, la atención se ha centrado en los facilitadores, su selección y capacitación. Una paciente y encomiable labor de la comisión presidida por Patricio Zapata ha logrado que ese proceso no sea descalificado por ningún grupo político relevante. Todo un éxito. Pero el trabajo de seleccionar y capacitar facilitadores es instrumental a lograr un buen proceso participativo de la ciudadanía y ello está lejos de estar garantizado.

El proyecto del Ministerio Secretaría General de la Presidencia contempla y tiene financiado tan solo un encuentro por provincia y, luego, uno por región. Antes solamente considera recibir lo que grupos espontáneos y al margen de toda forma establecida decidan hacer llegar como sus opiniones. El Gobierno entonces solo contempla organizar, supervisar y recoger orgánicamente las deliberaciones que se verifiquen en una reunión en cada provincia y una en cada región. Es lo proyectado para canalizar un proceso participativo que prometió como democrático, incidente e institucional.

Supongamos que cada uno de esos encuentros provinciales se realiza en recintos que alojen a mil personas, que cada reunión dure 6 horas y que cada uno de quienes intervengan pueda hablar por 8 minutos. Ello arroja un total de 45 opinantes por provincia y un total nacional de algo menos de 2.500 en el país, menos de un 0,02% del padrón electoral. Para una provincia como Talca, habría participado presencialmente en la única instancia estatal institucional de participación contemplada un 0,32% de su población adulta y usado de la palabra un 0,01% de la misma. Solo uno de cada 560 ciudadanos de Valparaíso lograría entrar en la reunión y uno de cada 12.400 gozaría del privilegio de usar de la palabra. En el caso de Santiago, asistiría uno de cada 3 mil y hablaría uno de cada 65.000.

Rousseau soñó con una democracia en la que los ciudadanos, reunidos en las plazas, deliberaban sobre los asuntos comunes, hasta discernir y consensuar siempre lo que era bueno para el bien de todos. La masividad de nuestras sociedades y el derecho a desinteresarse parcialmente de los asuntos públicos hicieron imposible ese sueño. Desde entonces, los demócratas han andado buscando los mejores sistemas para representar la voluntad popular a través de mandatos surgidos de elecciones representativas, libres, secretas, informadas y competitivas, a las que se han agregado unos pocos y sofisticados sistemas de democracia directa, a los que ahora se busca añadir algunos que operen por vías digitales. Todos los autócratas han sostenido haber encontrado fórmulas distintas a esas para comunicarse y representar al pueblo.

El sistema de participación ideado para el proceso constituyente no contempla elegir a los delegados a los cabildos ni obliga a éstos a someter a escrutinio deliberativo previo las ideas que expondrán, para así medir antes la adhesión que generan en sus comunidades. La deliberación se dará en los cabildos, como si en ellos fueran a poder participar todos los interesados en manifestarse. Con los números de participantes no representativos anotados, ¿podrá decirse al cabo del proceso que el Estado ha recogido razonablemente la opinión popular?

La democracia chilena padece un fuerte deterioro de credibilidad. Necesita reforzar los mecanismos de representación para afirmarse y también, institucionalizar mecanismos de participación directa que la complementen y enriquezcan. Prometer que habrá participación popular incidente en el proceso constituyente con el programa de cabildos que conocemos, puede terminar debilitando aún más nuestra deteriorada democracia y profundizar la frustración de las expectativas que se cifran en ella.