Mi hijo menor ha decidido estudiar Derecho. Honra así el legado de su bisabuelo (juez, diputado y ministro), abuelo (embajador e historiador) y padre (columnista). No lo hizo en la U. de Chile, como los anteriores, porque tuvo la consideración de decirme: "Tú vai a pagar y yo voy a pasar en paro". Mi hijo pertenece a una minoría que cree que se puede mejorar el mundo haciendo cosas y no dejando de hacerlas.

Por eso a mi familia le interesa lo que ocurra en el Poder judicial, que ha elegido a su nuevo presidente. De las declaraciones de don Hugo Dolmestch a "El Mercurio" rescato la frase: "Tenemos que garantizar que no existan perdedores ni ganadores anticipados".

Nada más encomiable. Pero hoy, en la Corte Suprema, esa es una aspiración ideal y no una realidad fáctica. Los juicios laborales, tributarios o asuntos mediáticamente populares tienen un alto grado de predictibilidad judicial. ¿Y qué decir de las demandas contra las isapres?, que han devenido en un negocio jurídico, donde los colegas ingresan una demanda estándar y retiran sus costas también estándar.

Pero lo más preocupante son los conflictos del Estado con particulares. Las estadísticas son elocuentes (www.cde.cl); en más del 90% de los casos prevalece el interés del Estado. Eso desafía cualquier media estadística y demuestra un sesgo pro fisco inconveniente para el Estado de Derecho. En democracia, el Poder Judicial debe ser el defensor de las personas frente al soberano y no el ejecutor de las políticas de este.

¿Qué efectos tiene la impunidad estatal? Que el Estado se relaja. Los servicios públicos se creen todopoderosos. Y en abierto desafío a la democracia, que debate y legisla en el Congreso, inventan derecho en vez de interpretarlo; crean infracciones donde no existen; discurren deberes y obligaciones torciendo la letra de la ley; disfrazan la política y la prepotencia de derecho; se arrogan facultades que no tienen y aplican con escarnio público multas millonarias.

¿Qué nos queda a los ciudadanos? El beneficio de la ley, la protección de tribunales que, libres de presiones políticas y mediáticas, hagan respetar la ley y cumplir los contratos. Por eso no existen los tribunales demasiado garantistas; solo hay tribunales que hacen cumplir la ley y otros que no. Y si el público se violenta porque personajes asesinados por la prensa son liberados en respeto de sus derechos, es hora de educar a los chilenos, pero no de cambiar la ley.

Por eso, es un desafío de la comunidad jurídica educar a la sociedad en que la presunción de inocencia es un bien que debe prevalecer sobre la transparencia mediática de los conflictos, porque la reputación se daña y el restablecimiento de la honra es imposible (¿sabía Ud. que fue exonerado el injustamente vilipendiado ex director del INE Sr. Labbé?). Que el indubio pro reo exige que la ley se interprete a favor del acusado; que "más allá de toda duda razonable", supone que es más justo liberar a 100 culpables que condenar a un inocente; que los jueces no pueden corregir un procedimiento policial viciado y que el secreto profesional no es un privilegio del abogado, sino que un beneficio ciudadano.

Así nos lo recuerda Spielberg en "Puente de Espías", cuando el agente Hoffman de la CIA le exige a Tom Hanks, abogado defensor, que, por seguridad nacional, viole su deber profesional y le revele los secretos del espía que defiende. Este se niega y le responde que lo único que un descendiente de alemán como Hoffman y un irlandés como él tienen en común es la Constitución, y que eso hace de EE.UU. un Estado de Derecho.

Sin el debido proceso, nuestros jueces serían como la Reina de Corazones en "Alicia en el País de las Maravillas", que dicta sentencia antes del veredicto, y siempre es la misma: la decapitación.

Por eso debemos celebrar que un presidente de la Corte Suprema nos recuerde que no debe haber ganadores ni perdedores anticipados ante esa alta magistratura. Aunque eso por ahora no sea más que una aspiración ideal... el 90% de las veces.