El Senado se dispone a votar las propuestas presidenciales para contralor y fiscal nacional, mientras comisiones mixtas de ambas Cámaras revisan, contra el tiempo, el proyecto de Presupuesto, el que incluye una glosa con la que se inicia la política de gratuidad en la educación superior. En una y otra se exhiben los desafíos del Congreso.

El ideal democrático es que las decisiones comunes las tomamos todos, porque todos seremos afectados por ellas. De ese modo, pensaban los clásicos, las personas quedaban obligadas a obedecer al poder y, al mismo tiempo, permanecían libres, pues solo se sometían a aquello que, en deliberación colectiva, ellos, o sea, nosotros mismos habíamos decidido.

La representación, y particularmente la que se verifica en el Parlamento, fue pensada como un sucedáneo, un deficiente remedo del original, la única alternativa práctica posible a la deliberación de todos en la plaza, cuando todos somos muchos para hacerlo sometiéndonos a reglas propias de un debate ordenado y razonable y algunos pueden esgrimir su derecho a desinteresarse, hasta cierto punto, de cada cuestión pública, para disfrutar de sus vidas privadas.

Pero como se trata de un sucedáneo, el Parlamento debe organizarse, tener las facultades y el deber de funcionar de modo tal que esa representación que hace del pueblo se asemeje todo lo posible al original que remeda. Si así no ocurre, las pulsiones ciudadanas se distancian de las de los representantes y estos pueden terminar siendo percibidos como una clase distinta, la de los políticos, con lógicas e intereses propios. Entre las exigencias para que la copia no se aleje en exceso del original, está la de una representación proporcional de los electores, la de una deliberación que da y escucha razones de modo transparente, que recibe en audiencia, que deja participar de buena fe a los interesados en los debates y el sometimiento permanente de los representantes a la crítica pública y periódicamente a su juicio si quieren ser renovados. La plaza, la opinión pública, debe poder ser sopesada y permear las deliberaciones parlamentarias para tratar de no alejarnos del original que se remeda.

Algo anda mal entonces cuando tantos senadores le achacan al Gobierno no haber "consultado", no "consensuar previamente" los nombres que propone. ¿Cuál sería el efecto de esas tratativas previas y reservadas que se reclaman? Que el pueblo no se entere de las razones para aprobar o rechazar un candidato; que no haya deliberación transparente, que las cosas públicas se cocinen en privado y nadie "ajeno" alcance a aportar, en audiencias o por los medios y redes sociales, antecedentes u opiniones sobre las virtudes y defectos de los candidatos; que se resuelva tan importante asunto común por razones no públicas, y quién sabe si impublicables, para luego, una vez "consensuado" el nombre, hacer la pantomima de una audiencia pública y votar.

El Ejecutivo no ofende a los parlamentarios al no "consultarles" previamente; por el contrario, los enaltece y les recuerda que los asuntos públicos se corrompen si se los trata como cuestión privada de quienes legitiman en la representación su poder para decidirlos.

¿Y la glosa de gratuidad? Implica resolver cuestiones públicas tan importantes como la determinación de cupos, aranceles, duración de las carreras y segmentación de los estudiantes, en un debate que no podrá tener participación alguna, ni mucha deliberación, pues la discusión del presupuesto no da para tanto. Esta vez el desprecio de las formas democráticas vino del Ejecutivo. Mal por un gobierno que se exhibe ciudadano. Ojalá el Congreso proteste por esta vejación que le han inferido a la dignidad con que debe representarnos, para que así este caso no sea un precedente.