Ya casi pasamos agosto. El problema es que se nos viene septiembre, y le trae proceso constituyente, el que comenzará con una etapa de educación cívica. Para los más impacientes, esta primera parte será pura dilación, un modo de escamotear una de las reformas estructurales prometidas; la derecha, en cambio, lo mirará con desconfianza, tratando de atisbar por donde viene la emboscada, denunciará que se trata de adoctrinamiento disfrazado y hecho con recursos públicos. Otros mirarán esta etapa como el único preludio realista para darle algún curso a una promesa incumplible para un gobierno con escaso aire.

Si el proceso no se hace con un temario y con anuncios claros y mínimamente consensuados acerca de los pasos siguientes, lo más probable es que el mar sin orillas aumentará la crispación, sumará enredos y generará más incertezas.

¿Podría darse inicio a un proceso virtuoso? En una de esas. Los requisitos serían varios. El primero, acertar al problema político que nos afecta. Este consiste en que las instituciones y quienes las sirven andan con su credibilidad por el suelo. Ese, creo yo, es el problema de la Constitución política de Chile. Ese es el mal que envenena y paraliza un curso político más regular y fértil.

La democracia no funciona bien en ese clima. En él, la ansiedad se apodera de los actores, que terminan tomando decisiones apresuradas, que luego revierten. En ese clima se prefieren los atajos, las ideas salvíficas ganan adeptos, las promesas programáticas se inflan, la prolijidad se desprecia, la fraseología toma el lugar de los proyectos detallados, testimonios y cuñas se aclimatan mejor que los cálculos de resultados previsibles, y lo más peligroso es el clima propicio para que surjan liderazgos mesiánicos y populistas, la peor amenaza de las democracias de este lado del mundo.

El proceso constituyente podría ayudar a salir del marasmo. Podría, siempre que el Gobierno no salga a hacer educación cívica o, peor aún, a recoger y coleccionar demandas sectoriales y clientelares en asambleas comunales. El proceso podría ayudar a reformatear la constitución de la política en Chile si se saliera a preguntar bajo qué condiciones la gente está dispuesta a volver a votar en las próximas elecciones; bajo qué condiciones la gente volvería a participar en política; bajo qué condiciones estaría dispuesta a militar en los partidos; bajo qué condiciones a dar su opinión sobre las políticas públicas que se elaboren; bajo qué condiciones dejar de descalificar, insultar y ladronear a los políticos y a tenerlos como sus representantes.

Un proceso que así preguntara podría dar luces acerca de cómo cambiar las reglas. Estas, por sí solas, no alteran las conductas ni mejoran los climas políticos, pero pueden ayudar, y es una de las pocas maneras que tenemos de entrarle al problema.

Es probable que un proceso que así preguntara arroje algo de material para una nueva Constitución y mucho más para las reglas que enmarcan el comportamiento político. Si así ocurre, querrá decir que la prioridad de lo que se debe cambiar para reconstituir políticamente esta democracia está en las leyes políticas y tangencialmente en las constitucionales. Es probable que un proceso así nos mostraría que lo más eficaz que se puede hacer para empezar a salir del estado lamentable en que se haya la política está en la agenda de probidad ya presentada, pero que el Gobierno ha decidido no explicar ni relevar políticamente, no obstante que la Presidenta anunció que se haría personalmente cargo de ella.

Puede que un proceso constituyente así se transformara en una buena clase de educación cívica dada por el pueblo a sus autoridades.

La Presidenta anunció el inicio del proceso constituyente para septiembre cuando dio a conocer la agenda de medidas de probidad política. Es posible que el más necesario proceso constituyente esté en derredor de esos proyectos que quedaron tapados por el anuncio altisonante. Ojalá se ausculte la opinión del pueblo a este respecto.