La intensidad con que cruje el proyecto del Gobierno y de la Nueva Mayoría no se explica porque falten recursos y haya que avanzar más gradualmente. La crisis es política antes que económica y se llama decepción. Decepción popular con la política y con el Gobierno. Si no se reconoce así, difícilmente se le pondrá remedio. Es el primer realismo necesario.

El Gobierno fue elegido por clara mayoría prometiendo reformas estructurales en favor de la igualdad y ya no cuenta con respaldo popular mayoritario. Dos parecen haber sido las causas del deterioro: la primera, de credibilidad, agravada por los escándalos. ¿Cómo autoridades que debían favores a los ricos o que abusaron de su situación de privilegio podían mantener creíble la promesa de un país más igualitario? La segunda causa es que las reformas emprendidas no se han percibido como adecuadas para alcanzar la igualdad prometida. La tributaria, ciertamente en abstracto pertinente para encaminarse a la igualdad, terminó desprolija. Generó no solo una mayor carga impositiva, objetivo resistido pero necesario, sino también el costo mayor e innecesario de la incerteza. La reforma educacional del primer tiempo tampoco es popular y difícilmente puede reconocerse su aporte a la igualdad, que no sea por haber puesto fin a la selección, lo que pudo aprobarse en una ley simple y sin costo para el Estado.

Negar la decepción popular como la causa principal de la crisis, atribuyéndola a escasez de recursos o al ancho del Estado para resistir reformas, es escabullir el bulto e insistir en discursos poco creíbles que continuarán bajando el apoyo que el Gobierno y la política necesitan para las reformas a las que fueron convocados.

Si el Gobierno contó con apoyo popular para reformas estructurales sería un error renunciar a ellas. La cuestión radica en la selección de cuáles son más eficaces para la promesa de igualdad que concitó el apoyo que se ha desvanecido.

Si la crisis es primero política y de credibilidad, son las estructuras políticas las que prioritariamente deben ser intervenidas para extirparles el cáncer de desigualdad que las priva de la credibilidad con que se alimentan. En ello el Gobierno tiene una agenda, una treintena de proyectos legales sobre probidad política, pero carece de discurso para presentarlas, lo que las relega a segundo plano.

¿Puede soñarse con un país que se encamine hacia la igualdad si quienes disponen de dinero disponen también de un peso político para influir de modo privilegiado y poco transparente en las autoridades que representan al pueblo? ¿Hay una reforma más estructural que emparejar la cancha en la que se toman las decisiones públicas? ¿Hay alguna reforma de la Constitución -sí, ciertamente de la Constitución Política de nuestro Estado, de su sala de máquinas- más relevante y urgente que asegurar la igualdad ciudadana? ¿Hay alguna igualdad que se le compare en importancia a esta que está en el origen de las restantes? ¿O alguien cree que será el mercado o los tribunales y no la política donde el ciudadano de a pié y los movimientos sociales podrán acortar las brechas restantes?

Un debate público desenfocado nos ha hecho olvidar donde está el corazón de nuestra Constitución Política y donde el remedio para que los anhelos ciudadanos vuelvan a canalizarse en las instituciones y así tonificar la democracia. Si la promesa de igualdad de todos en la política no es la primera y más prioritaria de las reformas estructurales del Gobierno, ninguna de las otras resultará creíble.

La segunda reforma estructural a priorizar es la educacional. Pero debe diseñarse con precisión y prolijamente para la igualdad, y para ello nada puede sustituir el objetivo de mejorar la calidad de la educación de los niños más vulnerables. Esto ciertamente no es lo mismo que hacer universal la gratuidad en la educación superior y menos aún iniciarla con una medida abiertamente contraria a la igualdad, como la que se ha anunciado. El norte no debiera cambiar ni la ambición desvanecerse. Es la hora de afinar la puntería.