Nicolás Maquiavelo fue el primero que escribió sobre la "razón de Estado". Ese concepto que puede ser bien o mal utilizado y que tiene que ver con que el "príncipe" o el gobernante de turno debe adoptar las medidas que sean necesarias para mantener la continuidad del Estado, a veces actuando en contra de sus propios intereses y otras, protegiendo sus intereses.
Nadie fue más lúcido, temerario y radical en el uso de la "razón de Estado" que el cardenal Richelieu. Para él no había Francia, ni monarquía Francesa sin una Alemania dividida. Así fue capaz de aliarse con los protestantes en contra de los católicos para lograr ese objetivo, lo que logró por casi 300 años.
Chile tuvo lo suyo, así dos leyes de amnistía fueron dictadas después de la guerra civil del 91 y después del golpe de Estado de 1973. Delitos que normalmente habrían sido perseguidos fueron perdonados en aras de continuar adelante con la convivencia del país.
Uno de los casos más controvertidos de invocación de la "razón de Estado" fue el perdón que Gerald Ford dio a Richard Nixon, por el caso Watergate y por los bombardeos en Camboya. Sostenía que EE.UU. tenía demasiados problemas graves y urgentes como para dedicar cinco años de su vida y energía política a enjuiciar a un ex Presidente. Fue criticado en su época, le costó su reelección, pero la historia hoy le reconoce su grandeza. Hasta el más crítico de ese perdón, Ted Kennedy, reconoció 25 años después, cuando le entregó la Profile of Courage Award, que Ford había actuado como estadista y patriota.
Ford actuó como estadista. Como dice Churchill, pensó en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Tomó una decisión dura y radical, sacrificando su futuro político por lo que él consideraba era el bien de su país.
Hoy Chile está en una encrucijada, puede seguir destapando escándalos que no son delito como las contribuciones electorales y arriesga que los próximos cuatro años de existencia nuestras energías estén dedicadas a este tema o dar una solución política a un problema político.
Digo que el problema es político porque se usó al SII para perseguir políticamente a adversarios. Como era obvio, terminó en un búmeran con el consiguiente desprestigio del Gobierno y del propio SII.
Por eso, y como no me invitaron a la comisión ad hoc, voy a proponer desde esta tribuna las medidas para superar este enojoso incidente de las contribuciones políticas. Se basan en 3 conceptos: verdad, perdón y transparencia
Lo primero es que la Presidenta cuente la verdad, que desde al menos el año 1994 la política empezó a financiarse con boletas.
En seguida, que le pida perdón al país en nombre de la clase política por la falta de transparencia y junto con ello otorgue un perdón legal, reconociendo que nadie creía estar cometiendo delitos cuando pagaba gastos electorales o pedía contribuciones, máxime cuando el artículo 9 de la Ley de Financiamiento Electoral los reconoce. "Error communis facit ius", decían los romanos (error común hace derecho). Con ello se descriminaliza un tema que jamás debió ser criminal y simplemente se abre un camino expedito para que los contribuyentes paguen el impuesto de castigo de 35%, que es lo que corresponde.
Finalmente, viene la transparencia. Los involucrados deben declarar a quién contribuyeron y de quiénes recibieron, para que queden claritos los eventuales conflictos de interés que existan y las lealtades de políticos y contribuyentes.
Los periodistas no pierden su objetividad porque tengan auspiciadores que financian sus programas. Los políticos tampoco. Lo importante es la transparencia. Que se sepa quién financia a quién.
Chile tiene problemas más graves y urgentes que el financiamiento pasado de las elecciones. Es hora de dar una solución política rápida al tema y dedicarnos a trabajar en mejorar la calidad de la educación; la salud de nuestra economía; corregir el mamarracho tributario que nos heredaron, y los acuciantes problemas de seguridad que nos afectan.