Una andanada de críticas ha recibido la decisión de permitir la trasmisión televisiva en directo de la formalización en el caso Penta. No es la primera vez que se televisa un juicio. Los casos anteriores no generaron gran debate, pero sí es la primera vez que ello afecta a personas tan "conocidas", ricas e influyentes y eso ha desatado las críticas. "Un show mediático", han dicho varios; un "juicio espectáculo", lo motejan otros. "No creo en los juicios en la plaza pública", apostilló el ex Presidente Piñera.

Permitir cámaras y micrófonos en una audiencia judicial tiene inconvenientes y riesgos. Algunos fácilmente superables, otros solo aparentes y otros más serios. Entre los primeros, el de que cámaras y micrófonos potentes y teledirigidos interfieran en las comunicaciones entre el defendido y su abogado, y con ello en el derecho a defensa, o hurguen en la privacidad de celulares. Este riesgo puede y debe ser evitado regulando la cantidad, emplazamiento y tipos tecnológicos de las grabaciones permitidas.

Entre los inconvenientes de la publicidad se menciona también que la trasmisión alienta a que los abogados hagan "alegatos para la galería". Los abogados sabemos, sin embargo, el costo de esos gustos y minutos de fama: un juez razonable acostumbra contrastar y sopesar las frases grandilocuentes a la luz de sus fundamentos y de las pruebas proporcionadas y desconfiar de los abogados que abusan de adjetivos y exageraciones. Así, las frases para la galería, que tanto atraen a los periodistas, suelen distanciar a los jueces. El riesgo es solo aparente.

Un tercer inconveniente que se atribuye a la plena publicidad judicial aduce que, producida una determinada convicción emotiva en el público, el juez no se atreverá a contradecirla en su sentencia. Esta crítica nunca inhibió a los "duros" de intentar incidir en los jueces acusándolos públicamente de garantistas. Ahora alegan la necesidad de aislarlos de los gritos de la muchedumbre que antes alentaban. Pero no nos importe tanto su incoherencia, como la fuerza que pueda tener este riesgo, el que no debe ser menospreciado.

Este último riesgo debe sopesarse con las ventajas de la publicidad judicial. Menciono tres: la primera es que los chilenos, en el estado de aguda desconfianza en que se hayan hacia sus instituciones, entienden que todo lo público que se les oculta esconde espurios arreglines, hechos por debajo de la mesa. Las actuaciones judiciales, en procura de su legitimación social, han de ser transparentes al ojo y al escrutinio público, salvo las opacidades que puedan justificarse en bienes superiores a este, como puede serlo un conflicto familiar, con derecho a ser ocultado del morbo público, la protección de menores involucrados en ilícitos, las comunicaciones entre el defendido y su abogado o la deliberación entre jueces.

Una segunda ventaja, vinculada a la anterior, es la pedagogía cívica: el público no entenderá nunca a cabalidad, ni menos apreciará, ni estará dispuesto a movilizarse en defensa de instituciones que, con suerte, le han sido explicadas en abstracto en una sala de clases. Nada permite comprender mejor un juicio que verlo. La televisión en directo permite alcanzar ese bien como ningún otro sistema.

La tercera ventaja de una amplia publicidad es la manera en que refuerzan los valores del derecho que se invocan en el juicio respectivo. Es probable que este episodio, así publicitado, tenga más impacto recaudatorio de recursos fiscales que la reciente reforma tributaria y más efectos preventivos de corrupción entre dinero y política que las medidas que proponga la comisión recién constituida.

Se pueden y deben implementar mecanismos para asegurar y reforzar la reciedumbre moral de nuestros jueces, mecanismos que en Chile son pocos y malos, y así abatir el único riesgo más serio de la publicidad de los juicios. En cambio, no parecen haber medios distintos a la plena publicidad para alcanzar los bienes que ella produce. La balanza de la justicia debe inclinarse en favor de la publicidad de los juicios.