Salvo que explote otra bomba, la atención pública probablemente se desviará a los escándalos de platas. Varias investigaciones en curso se prestan para ello: Cascada, Pollos y Penta, constituyen un ramillete que, si los medios logran explicar en sencillo y liberados de la manipulación de los asesores de prensa que suelen contratar los afectados, es probable concentren atención ciudadana y dejen lecciones a nuestra convivencia.

Lo público aporta lo suyo: recursos fiscales van al Transantiago, pero no para que los buses tomen pasajeros, sino para que los eludan; otros se destinan a educación, a aquello donde nos proponemos invertir cuantiosos fondos, y terminan malgastados, pues allí reina "la cultura del despelote", como lo graficó en castellano claro el señor Contralor de la República. La investigación de los pagos de Penta a quienes trabajaban para la UDI puede ser la guinda de la torta.

Si alguien piensa que esto último solo deteriorará la imagen de uno o dos parlamentarios o de la UDI, a la que pertenecen, me temo presenciará cómo la crítica se extenderá, como mancha de aceite, ensuciando a todos los partidos y a todos los parlamentarios. La gente no olvida que hace 15 días la explicación de sus recursos las daba el Partido Comunista al otro extremo del espectro, y tampoco distingue mucho entre "la clase de los políticos", a los que cada vez más echa en el mismo saco, para luego agregar los sapos y culebras que salen de su boca.

¿Alguna diferencia entre los problemas del sector público y los del privado? Sí.

En el sector privado había reglas minuciosas, que, según se investiga o ya se ha resuelto, fueron subrepticiamente eludidas con sofisticados mecanismos inaparentes.

En el sector público, y particularmente en los dineros que van a parar a la política, no tenemos instituciones que funcionen para controlarlos. No podemos decir que hayan sido subrepticiamente eludidas. Las que tenemos no dan el ancho para controlar el "despelote".

Los ingresos del Partido Comunista los discutimos a propósito de la crisis financiera de una universidad privada; los de la UDI, a propósito de una investigación sobre ilícitos tributarios de una empresa. ¿Por qué solo se descubren desde esa hebra?

Porque en el sector privado asumimos que el afán de lucro tentará a muchos a salirse de madre y establecemos minuciosas reglas, primero para que haya competencia, para que unos poderosos limiten los desmedidos afanes de ganancia de los otros. Confrontamos poder contra poder; establecemos detalladísimas reglas acerca de las formas de competir; pedimos rendiciones de cuentas, balances, facturas, libros y contratos y establecemos agencias con miles de funcionarios que los leen y cruzan sus datos, buscando inconsistencias, hurgando donde pudo hacerse la trampa. A nadie se le ocurriría, en esta área, contentarse con una declaración retórica que dijera que los productores deben respetar a los consumidores.

En lo público, en cambio, hacemos lo contrario: la primera norma aprobada de la reforma educacional en la Cámara es una declaración pomposa que obliga a impartir educación de calidad. Los dineros políticos quedan casi sin control; allí casi no pedimos que los documentos se hagan públicos y tenemos muy pocos funcionarios para que los examinen. Como si el afán de poder fuera noble y el de lucro ladrón y plebeyo.

La naturaleza humana hace lo suyo. Y cuando vemos lo que resulta, nos quejamos y echamos garabatos y maldiciones al saco donde depositamos a "los políticos", luego de haberles permitido actuar desregulados.

Esto seguirá cuesta abajo en la rodada, a menos que los legisladores asuman que su salvación colectiva está en la sana desconfianza que da origen a las buenas reglas, las que razonablemente aseguran el control de la bestia ambiciosa que todos llevamos dentro.