Señor Director:

El señor Máximo Pavez ha criticado en carta del sábado los dichos de la directora de Fonasa, Jeanette Vega, en cuanto esta plantea que la cotización del 7% de salud es "impuesto específico a la seguridad social y que debe ser tratado como tal", y que "la cotización del 7% no es de propiedad de las personas".

La propuesta de la señora Vega es imprecisa, pero es enteramente correcta si es que se entiende desde la perspectiva constitucional. Y por supuesto, si se trata de una reforma al sistema de salud actual, como entiendo se pretende, eso es lo único importante. Es perfectamente posible, constitucionalmente hablando, reformar el sistema sanitario actual configurando uno en que las cotizaciones se transformen en impuestos especiales que financien un seguro social.

La Constitución actual permite configurar legalmente las cotizaciones como impuestos. Si el señor Pavez observa bien, el artículo 19 N° 9 de la Constitución solo señala, de forma lapidaria, que para garantizar la ejecución de las acciones de salud, la ley "podrá establecer cotizaciones obligatorias". Nada hay en la Constitución que obligue al legislador a que estas cedan en favor exclusivo del cotizante. La Constitución en ninguna parte de su texto señala que las cotizaciones son patrimonio o propiedad del cotizante respectivo.

Si bien es cierto que la regulación legal actual establece que las cotizaciones pueden ir en beneficio del cotizante cuando se trata de pagar seguros privados, él debiera saber que esa regulación es contingente en la medida en que no viene exigida por la Constitución. La Constitución autoriza al legislador a imponer a los individuos la obligación de cotizar y no hay razón por la cual no pueda disponer de un destino público respecto de las mismas.

No hay, por tanto, en el artículo 19 N° 9 de la Constitución argumento alguno que permita afirmar que es inconstitucional el establecimiento de cotizaciones destinadas a financiar un seguro social. Si el Sr. Pavez afirmara la inconstitucionalidad de tal proyecto, yo le imputaría a él (y no a la señora Vega, como él mismo señaló) una agenda ideológica.

Constanza Salgado Muñoz
Universidad Adolfo Ibáñez