Todavía queda alguna incertidumbre en la elección presidencial. Ninguna acerca de la nueva composición del Congreso. Su quehacer es, sin embargo, una incógnita.

La integración del nuevo Congreso augura una mayoría suficiente para que, por primera vez, un gobierno pueda llevar adelante su programa, salvo las reformas constitucionales, sin necesidad de negociarlo con la oposición. ¿Cambiará la forma del diálogo? Muy probablemente, también la responsabilidad del Gobierno, la importancia del Tribunal Constitucional, pues esa será la instancia en la que la oposición podrá impugnar las decisiones de la mayoría.

Cambiarán también las tensiones en la coalición gobernante; pues ahora la implementación del programa —uno de ambiciosas transformaciones— dependerá, en sus siempre relevantes detalles, más de la negociación interna de la coalición que de las que se verifiquen en el Congreso. El cuidado de la estabilidad de los pactos dependerá como nunca de la propia Presidenta.

Como es posible que el proceso de acuerdo acerca de los proyectos gubernamentales se verifique internamente, es probable que el Congreso sea aún menos relevante en la política chilena y lo sea más la conformación del gabinete y la interlocución de La Moneda con los partidos.

La gran incógnita está en la conducta de la ciudadanía. Su comportamiento ayudará a despejar si la movilización de los últimos años ha tenido más de usuarios insatisfechos o de ciudadanos empoderados que reclaman cambios políticos. Está por verse si la ya altísima abstención electoral ha sido una señal de que el país se encuentra satisfecho viviendo sus vidas privadas y no quiere grandes cambios o si responde más a una insatisfacción social que no encuentra acogida en las instituciones.

Al enfrentar estos escenarios, el desafío de las instituciones representativas estará en acrecentar su alicaído prestigio. Superada la etapa de confrontación electoral, comenzará ésta, a mi juicio, la más trascendente de sus pruebas, pues hay riesgo, al menos de populismo, si no de estabilidad, cuando la representación es débil y la movilización alta. La responsabilidad recae especialmente en el Congreso. Puede mantenerse como un actor secundario que discute y despacha los proyectos del Ejecutivo o también abocarse a examinar la arquitectura del poder político que nos rige.

Sólo en el seno del Congreso será posible un acuerdo significativo acerca de las formas constitucionales de resolver las demandas ciudadanas, con instancias descentralizadas y desconcentradas que sean capaces de canalizar formas crecientes de participación popular.

El desafío constitucional del Congreso no está en hacer más promesas de derechos fundamentales, las que transfieren su garantía en el Poder Judicial, en detrimento del poder político y deliberativo de las mayorías, sino en revisar las formas en que se accede y se ejerce el poder político; pues esas son las reglas que han debilitado la democracia; esas son las reglas que han incidido en el desprestigio de las instituciones. Tan sólo el cambio de esas reglas en el Congreso puede lograr que las formas políticas transformen la calle en ciudadana.