El homicidio de Werner Luchsinger y de su mujer, Vivianne McKay, en Vilcún marcará un antes y un después en el llamado conflicto mapuche. Habrá recriminaciones, admoniciones, anuncios de hacer lo que no se hizo, quienes pidan manos más duras y quienes adviertan que no debe intentar apagarse el fuego con bencina. Nada de ello logrará disipar el horror, ni la sensación de que la violencia, como país, de nuevo se nos escapa de las manos.

La experiencia universal es que no se puede combatir la violencia sin actividad policial y de inteligencia. Esa misma experiencia muestra que el violentismo no cede, sino que crece, mientras no esté desprestigiado y aislado; condenado sin agregado alguno, ni atisbo de justificación, por todos los grupos relevantes de la sociedad, pero particularmente por los que son más cercanos a quienes la ejercen.

Mientras la violencia no sea repudiada expresa y activamente por los propios líderes y por el grueso del pueblo mapuche, las rondas policiales, las labores de inteligencia y la tarea de las fiscalías podrán multiplicarse y ser más o menos eficaces, pero el problema estará lejos de amainar. Aunque pueda no ser lo más inmediato ni llamativo, lo más eficaz que debe proponerse el Estado de Chile es crear un ambiente en que los violentos ya no puedan sentirse los héroes sino que sus comunidades los hagan sentirse los villanos de la causa por la que lucha su pueblo.

Para aislar a los violentos, el Estado requiere hacer política en la zona, mucha y buena política. La buena política no consiste en cumbres esporádicas de seguridad, anuncios ocasionales y menos en tratar de hacer responsable a las policías. La policía no hace política; ésta le corresponde al gobierno, partiendo por el Jefe de Estado.

No soy un experto en el tema mapuche, así que no sé cual sea el contenido de una buena política hacia los pueblos originarios, pero sí me atrevo a decir algo acerca de las formas.

La primera es que no hay buena política si no hay un responsable. ¿Quién lo es en este Gobierno? Los ministros Lavín y Larroulet iniciaron unos diálogos con las comunidades mapuche. ¿Cuál de los dos es hoy el responsable de conocer, canalizar y solucionar los problemas de esas comunidades? ¿Quién es el responsable de normas que implementen y precisen el Convenio 169, para que indígenas y no indígenas sepan a qué atenerse a su respecto?

Responsabilidades diluidas o delegadas en funcionarios sin autoridad son la mejor expresión de que la tarea no se está haciendo.

El segundo requisito de una buena política es su persistencia. Ningún problema se soluciona con discursos esporádicos o anuncios ocasionales. ¿Cuáles son los compromisos que el Gobierno asumió en los diálogos que sostuvo? ¿Qué autoridad es responsable de su seguimiento? ¿En qué página web se puede leer su rendición de cuentas?

El tercer requisito de una buena política es su falta de demagogia; no prometer más de lo que de verdad puede cumplirse. Poner plazos, metas, estrategias y tácticas en la política de adquisición de tierras, asistencia agrícola, fomento, educación y demás; hacerlas públicas y rendir cuentas es el mejor antídoto para evitar el abandono y el descontento.

El foco en lo policial, en inteligencia y en persecución penal no debe hacernos perder la perspectiva de que sólo la política puede hacer la más eficaz de las tareas: lograr el repudio universal de la violencia y particularmente su rechazo por las propias comunidades mapuches. Para que ello ocurra, las promesas de las políticas públicas hacia los pueblos originarios, cualquiera sean éstas, han de ser acotadas y claras, quedar a cargo de una autoridad de alto rango que las coordine y que responda periódicamente por ellas.