Semanas de contrastes. Mientras el Estado de Chile reclama ante La Haya el imperio del derecho, el valor de los compromisos solemnemente manifestados y de las prácticas constantes, no logró, en Huasco y en Freirina, mantener sus criterios, ni reclamar el orden del derecho. Mientras por allá han reinado las formas, las pelucas empolvadas y los mayores exabruptos han consistido en ironías en latín, por Atacama la cosa ha sido a punta de peñascazos. En Punta Alcalde, el Gobierno cambió el criterio manifestado por sus órganos técnicos y, a través de su Consejo de Ministros, y sin dar mayores explicaciones ni justificar sus vaivenes, prometió que la instalación de una planta de energía ya no será contaminante, como había estimado meses antes. Frente a la planta de Agrosuper primero ordenó su cierre y luego la autorizó con restricciones, todo sin suficientes argumentos o explicaciones. En ambos procesos terminó por tolerar que la ciudadanía local, que pierde toda confianza ante sus promesas, haga justicia por propia mano, se tome caminos, autorice presencia limitada de la prensa e imponga, por una semana, sus propias reglas acerca de quién puede transitar por la zona, hasta lograr su victoria con el cierre de la planta. Carente de autoridad, el Gobierno, a través del ministro del Interior, declaró que las tomas de caminos no ayudaban a la solución del conflicto, pero se mostró incapaz por varios días, de restablecer el orden legal quebrantado, hasta que la empresa decidió el cierre y, quienes lo propiciaban, decidieron desmovilizarse. Cuando ello ocurrió, el ministro se transformó en vocero oficioso e inverosímil de la empresa, para afirmar que los problemas de orden público no causaron la decisión de autoclausura. Ahora, esperanzados en que las tomas de caminos son las que logran las decisiones, los pobladores que pierden sus trabajos con lo ocurrido, comienzan a movilizarse. El problema del Gobierno en Atacama radica en su falta de autoridad, la misma que mostró en Magallanes, en Barrancones, frente a los movimientos estudiantiles, en Aysén y en la creciente violencia en La Araucanía. Esa falta de autoridad proviene de sus decisiones infundadas y sus cambios de criterio. En Magallanes, con el precio del gas, alzado y reducido al son de los cortes de camino. En Barrancones, con el telefonazo, que equivale a un peñascazo, sólo que tirado por el Presidente; en el caso de los estudiantes con el titubeo acerca de dónde y entre quiénes debía producirse el diálogo; en el conflicto mapuche con su decisión de renunciar a la aplicación de la ley antiterrorista ante una huelga de hambre; en Aysén con sus cambios de criterio le costaron la renuncia del ministro de Energía, y en Atacama con los titubeos ya indicados. Es que el Estado de Derecho se sostiene en decisiones políticas adoptadas en base a argumentos y compromisos que se mantienen en el tiempo. Su fuerza radica en las razones que sean capaces de transmitirse con claridad a la ciudadanía. Entonces, pero sólo entonces, es posible el orden público. Ausentes esas características, la ciudadanía desconfía, el poder titubea y el orden público, que sólo puede imponerse legítimamente desde el derecho, y no desde la pura fuerza, se hacen imposibles. Los alegatos ante la Corte de La Haya han sido una experiencia que marcará la cultura cívica de Chile. Más allá de los derechos marítimos que afirmemos o perdamos; estas dos semanas han sido un ejercicio de educación cívica: Chile recordará que pretendió convencer que la convivencia se funda en el derecho y que éste se sostiene en razones nacidas de compromisos solemnes y prácticas consiguientes, sostenidas en el tiempo.