Si Luciano Pitronello hubiese sido juzgado hace dos años atrás, habría tenido la carga de probar y de convencer que la bomba que hizo explotar no tenía por finalidad producir en otros el temor de ser víctima de delitos de la misma especie. Hasta esa fecha, la norma legal vigente presumía que tenían finalidad terrorista los delitos que se cometían mediante artificios explosivos o incendiarios. Hasta esa fecha, los jueces habrían tenido que dar por establecido que se trataba de un delito terrorista, a menos que Pitronello hubiera acreditado lo contrario. El 12 de septiembre de 2010, sin embargo, el Gobierno del Presidente Piñera, presionado por una huelga de hambre de comuneros mapuches, propuso e impulsó un proyecto de ley para terminar con esa presunción. El ministro de Justicia llamó a los parlamentarios a apoyar ese proyecto, argumentando que la finalidad terrorista no debía presumirse, sino que debía acreditarse, calificando el fin de la presunción como un "salto gigantesco". El ministro Rodrigo Hinzpeter defendió la iniciativa, mostrándose partidario de terminar con toda presunción de responsabilidad en el derecho penal, para así dar valor a la presunción de inocencia. El senador Alberto Espina lo valoró muy positivamente, haciendo ver que la supresión seguía una de las orientaciones modernas del derecho penal y la senadora Evelyn Matthei votó a favor del proyecto, el que se aprobó en octubre del mismo año, prácticamente sin oposición ni crítica en este punto. Los jueces del caso Pitronello, cuya obligación es interpretar y aplicar la ley vigente, establecieron que, para considerar el delito como terrorista, no bastaba al Ministerio Público y al del Interior querellante probar el hecho y la autoría, sino que debían acreditar además que su finalidad era provocar temor en la población de verse expuesta a ser víctima de delitos de la misma especie. Tal nueva exigencia resultaba enteramente congruente con una legislación que había dado "el salto gigantesco" de poner término a la presunción de que un delito cometido con bombas tenía una finalidad terrorista. Apreciando la prueba aportada, la mayoría del tribunal estimó que los querellantes no habían acreditado la finalidad terrorista. Ese fallo, como cualquier otro, puede criticarse; pero es difícil sostener que sea descabellado. Absurdo, en cambio, y contrario a la ley, habría sido que los jueces hubieran presumido la finalidad y el carácter terrorista del delito por el sólo hecho de haberse cometido mediante bombas incendiarias, en condiciones que el legislador había expresamente prohibido presumirlo así. Ello habría implicado suponer que los legisladores de entonces sólo aparentaban modificar la ley, con el objeto de poner término a una huelga de hambre, mediante el fraude o engaño de simular una reforma legislativa que en verdad no procuraban producir. Dos años después, la primera vez que la flamante reforma a la ley antiterrorista era aplicada en congruencia con su "gigantesco salto adelante", la ministra Matthei perdió toda compostura criticando el fallo y el ministro del Interior hizo otro tanto, argumentando que era evidente que cuando se coloca una bomba con capacidad de causar lesiones severas, se lo hace para causar temor. Uno y otro olvidaron que no hacía dos años habían ordenado solemnemente a los jueces no presumir que la colocación de explosivos era un acto terrorista; o sea, a no considerar evidente lo que ahora reclaman como tal. La política no está llamada a ser un modelo de coherencia. En ella caben ciertos grados de inconsistencia propios del pragmatismo y de la adaptabilidad que han de regirla. Sin embargo, ante los vociferantes reclamos para que los jueces hagan responsable a Pitronello de sus actos con máxima severidad, no está de más pedir que el Gobierno y los parlamentarios que lo apoyaron también se hagan responsables de los suyos.