La producción de cobre en Chile ha estado prácticamente estancada —en torno a 5,4 millones de toneladas— en los últimos 20 años. Esto resulta sorprendente, considerando que el país es el primer productor del mundo y tiene las mayores reservas. Más aún, dadas las capacidades de conducción eléctrica del cobre, y el esfuerzo que está haciendo el planeta por sustituir los combustibles fósiles por energía eléctrica, se hubiese esperado un aumento de la producción acorde con aquello, lo que hubiese sido muy beneficioso, dados los altos niveles de precios que ha alcanzado el metal en los últimos años. Pero en lugar de aprovechar esa bonanza, el bajo desempeño de la minería ha sido un factor central en cifras económicas tan decepcionantes como, por ejemplo, el -1,5% de Imacec registrado en julio y conocido ayer.

Parte de la explicación radica en la disminución de las leyes de muchos yacimientos antiguos —hay que remover más roca para obtener la misma cantidad de cobre—, agravada por la mayor profundidad a la que se encuentra el metal, la mayor dureza de la roca y las crecientes dificultades para obtener agua. Aun así, subsiste la pregunta de por qué no se han desarrollado nuevos yacimientos. En el último tiempo, casi todos los proyectos implementados han sido ampliaciones de faenas en explotación. Una explicación son las enormes dificultades que enfrentan los inversionistas para conseguir los permisos requeridos, que en el caso de proyectos nuevos son más complejos aún, con larguísimos plazos de tramitación. Pero hay también otros obstáculos.

Por esta razón, el ministro de Minería, Daniel Mas, ha expresado, en entrevista con “El Mercurio”, la necesidad de impulsar una intensa exploración minera para encontrar nuevos yacimientos de cobre, pero también de otros minerales, como litio o tierras raras. Afirma que el país tiene que “hacer una revolución en exploración”, que atraiga y estimule inversiones. Propone una batería de proyectos que presentaría próximamente, la que incluye incentivos tributarios, siguiendo legislación de vanguardia en otros países; facilitación de las condiciones de traspaso accionario desde las mineras junior, que exploran, a las que luego producen; recuperación anticipada del IVA en bienes y servicios dedicados a la búsqueda de nuevos yacimientos, y depreciación instantánea o amortización acelerada de activos físicos e intangibles utilizados en la exploración. Esto requiere coordinación con Hacienda e involucra una acción legislativa. El ministro reconoce que los efectos de una iniciativa de este tipo son de largo plazo, pero insiste en que, si no se comienza ahora, la futura producción minera del país puede verse amenazada, con todas las consecuencias fiscales involucradas.

Otro tema relacionado con lo anterior, y que ha generado polémica, es la propuesta de eliminar el incremento gradual de las patentes mineras en caso de que los yacimientos no estén siendo explotados, norma aprobada en 2022. Esta tenía por objeto elevar los costos de mantener yacimientos inexplotados, incentivando así su venta a un inversionista dispuesto a desarrollarlo, o bien devolverlo al Estado. Por otra parte, uno de los mayores poseedores de pertenencias es Codelco. Esta podría utilizar los mecanismos e incentivos que proponga la iniciativa gubernamental y, mediante fórmulas novedosas, asociarse con privados especialistas en exploración, y en los casos exitosos, desarrollar la explotación también en conjunto con privados, en consonancia con su nueva política para valorizar sus activos.

Para que una iniciativa como la que propone Mas rinda frutos, es fundamental que se derribe la formidable barrera burocrática que se ha ido erigiendo para aprobar nuevos proyectos, obviamente preservando la necesidad de cuidar el medio ambiente —balanceando costos y beneficios—, pero también reexaminando los abusos que se han detectado, por ejemplo, en las consultas indígenas asociadas al Convenio 169. Como se ve, la tarea que se ha autoimpuesto el ministro es una de alta importancia para nuestro futuro.