Flota en el aire una sensación algo ambivalente sobre el futuro económico del país. Parecen convivir un razonable optimismo por la aprobación de la reforma de Reconstrucción del Gobierno con una pregunta que a veces se formula solo en voz baja, como para no echar a perder la celebración y el buen ánimo: ¿bastará?

La pregunta es pertinente. El Gobierno logró en poco tiempo —gracias a la claridad de propósito y la preparación previa del ministro Quiroz y a la experiencia y el oficio político de los ministros Alvarado y García— aprobar una reforma ambiciosa, de alcance amplio y que, salvo por algún desacierto como la rebaja a las contribuciones sin focalización, es muy positiva. Considerando cómo está el Congreso por estos días, es un gran logro, que revierte buena parte del daño hecho por la reforma tributaria de Bachelet y merece reconocimiento.

Pero lo cierto es que los efectos de esta reforma tomarán tiempo y su magnitud es limitada: a partir de los números del propio Gobierno el impacto agregado sobre el crecimiento sería, en el largo plazo, algo así como 0,5% del PIB por año. Para decirlo en simple: si queremos volver a crecer al 4% —meta original del Presidente y cifra sobre la que parece haberse instalado cierto consenso— necesitamos cuatro reformas de impacto equivalente.

Entonces la pregunta es ¿qué viene ahora? Y los frentes a atender son varios, incluyendo la situación fiscal, la agobiante maraña de permisos, la modernización del Estado y el mercado del trabajo. En este último frente, las preguntas son apremiantes: ¿cómo reducir estos niveles persistentes de alto desempleo e informalidad en un contexto de cambio tecnológico acelerado? ¿Cómo conseguir que cuando se aceleren el crecimiento y la inversión generen de verdad empleo? Más allá de las reformas laborales específicas, necesitamos —como coincidieron esta semana en decir Óscar Landerretche e Ignacio Briones en una muy buena conversación con Hernán Larraín organizada por Horizontal y The Clinic—, necesitamos, decían, sostener el debate laboral con el lenguaje y los conceptos del siglo XXI, y no seguir en las viejas coordenadas y conceptos de una economía que ya no existe. Veremos si la política lo consigue.

Pero quizás el desafío que requiere más atención y que más complejiza el cóctel económico está en las expectativas de la gente. El índice de percepción de la economía (IPEC) está en niveles de pesimismo solo equivalentes a la pandemia, la crisis subprime, o a la frustración que produjo el peor momento del proceso constituyente.

El desplome del optimismo a apenas cinco meses de iniciado un gobierno que generó altas expectativas en materia económica parece haberse gatillado con el alza brusca de los combustibles. Pero sea cual sea la causa que rompió el hechizo, el pesimismo y la frustración de la población general —que no experimenta en su vida cotidiana el devenir de la economía como hace la élite— es quizás el principal riesgo económico que enfrenta el país. Y cómo revertir rápido esa sensación, que los números de Cadem muestran se ha instalado también, aunque con menos intensidad, en los líderes empresariales, es quizás la primera urgencia que debe atender el Gobierno.

En lo económico, es esencial revertir el pesimismo porque las percepciones son profecías autocumplidas: con pesimismo se consume, contrata e invierte menos. Y en lo político, porque los sectores más extremos de la oposición (de la oposición de izquierda, quiero decir) se deben estar frotando las manos para usar —vaya novedad— esa frustración como caldo de cultivo para descarrilar los esfuerzos reformistas del Gobierno.

El puzle es complejo. Con el cobre sobre 6 dólares (y el alto precio del litio) no hay ahí mucho más que esperar. Los combustibles debieran bajar, pero con el petróleo entre 75 y 80, tampoco es que habrá por ese frente una ayuda demasiado significativa.

Las opciones para despertar los espíritus animales en el corto plazo y evitar que ese malestar hipoteque las posibilidades de enrielar a la economía en el largo plazo no son muchas. Pero el Gobierno debiera evaluarlas con creatividad y poner un paquete en marcha antes que sea tarde.

Una opción es un impulso fiscal, con más inversión en infraestructura y vivienda, por ejemplo. Pero con las finanzas públicas como están, el espacio no es muy grande: si se sigue aumentando la deuda pública, eso puede afectar el costo de financiamiento de la economía y terminar siendo contraproducente. Aunque si genera crecimiento, a lo mejor un aumento marginal de la deuda tampoco es tan grave.

Otra alternativa es una ley corta para facilitar el empleo de mujeres y jóvenes, en un régimen más flexible, sin todas las restricciones del asfixiante código laboral, y al que se pueda optar mientras el desempleo esté sobre cierto umbral.

En fin. Habrá que pensar con creatividad. Pero lo esencial es evitar que el pesimismo de la población erosione las bases de las buenas reformas (aprobadas y por venir) antes que den fruto. Y para eso es necesario que la gente en la calle pueda contestar la pregunta más básica: Y yo, ¿cómo voy en la parada?