Señor Director:

Chile suma una nueva obligación: las empresas medianas y grandes deberán informar cada año sus políticas de equidad de género. El propósito es noble y nadie discute que cerrar brechas sea urgente. Pero conviene mirar el tema de fondo, la sobrerregulación y la capacidad real de gestión de quienes generan empleo.

Reportar no es gratis. Sistematizar datos de participación femenina, brechas salariales, indicadores de mujeres en cargos directivos y medidas de conciliación exige tiempo, personas y recursos. Para las grandes compañías, con áreas de recursos humanos consolidadas, es un ajuste.

Para las medianas —sobre todo las que recién cruzan el umbral— es una carga nueva en un contexto económico estrecho, donde cada hora y cada peso cuentan para sostener la operación y los propios empleos.

Y aquí está la pregunta incómoda: ¿cuánto de este esfuerzo se traduce en equidad real? Un informe bien redactado no asciende a una mujer, no corrige un sueldo ni flexibiliza una jornada. El riesgo es que el cumplimiento se vuelva trámite: llenar planillas y publicarlas en la web, mientras la realidad interna avanza poco.

La equidad no se decreta en un reporte; se construye con decisiones. El camino es la acción, no el papel. Bienvenida la transparencia, siempre que empuje cambios concretos y no se convierta en una capa más de burocracia sobre quien produce.