La propuesta del senador Squella sobre estudiar la privatización de una parte de Codelco o sus filiales ha dejado espacio para que se escuchen voces que proponen medidas más radicales. Es necesario saber qué estamos discutiendo y también si es este el momento de hacerlo y cuál es la sede apropiada.

Partamos por un dato elemental. Algunos han presentado el tema como si, por el solo hecho de plantear esta pregunta, el senador hubiera propuesto algo semejante a la privatización del monumento a los Héroes de Iquique. Absurdo: esta no es una discusión entre patriotas y vendepatrias, ni la propiedad estatal de Codelco es un principio fundamental de la república.

Se hace necesario, entonces, desdramatizar el asunto. Esta puede ser una idea buena o mala, pero debería ser posible hablar sobre el tema, sin dar por zanjada la discusión antes de que se produzca.

Tengamos en cuenta que, además de explotar minerales, en Chile el Estado y sus empresas hacen muchas otras cosas: nuestro Estado es banquero; fabrica buques; distribuye correspondencia; es ferroviario y portuario; se dedica al negocio de la televisión abierta; organiza apuestas; imprime moneda; administra sanitarias y comercializa trigo. ¿Es necesario que las haga todas? ¿No podría concentrarse en hacer menos cosas, pero bien?

En esta materia, la preocupación de los liberales económicos parece justificada, aunque uno pueda no compartir sus respuestas. Además, ellas no son uniformes y admiten grados muy diversos, que van desde la propuesta de Squella de poner una parte minoritaria de Codelco en manos de privados para mejorar su gestión hasta quienes quieren su completa privatización.

Sin embargo, este no es solo un problema de eficiencia, sino que apunta al sentido mismo de la propiedad estatal. Si es verdad que sobre toda propiedad pesa una “hipoteca social”, como dice la Doctrina Social de la Iglesia, ¿acaso eso no se aplica a las empresas públicas? ¿O por el solo hecho de que el Estado es su dueño o accionista mayoritario ya debemos concluir, sin mayor reflexión, que ellas cumplen con una función social?

Dicho con otras palabras, cualquier discusión sobre Codelco debe tener en cuenta a unos espectadores que quizá no tengan la preparación suficiente para entender complejas argumentaciones económicas, pero están ahí y su sola existencia nos interpela. Me refiero, obviamente, a esos miles de chilenos e inmigrantes que viven en los campamentos, en condiciones miserables. Sus necesidades son más importantes que nuestras teorías.

Es verdad que de ellos se habla poco; que no hacen ruido; que son “los invisibles”. Pero ninguna discusión sobre estas materias puede prescindir del drama de la extrema pobreza, un mal que sufren alrededor de 1.400.000 personas (Casen 2024). Esa gente no tiene una vivienda digna, está lejos de la más mínima posibilidad de recibir una educación adecuada y en este momento tiene frío.

Codelco vale una gigantesca suma de dinero y es legítimo preguntarse si el mejor uso de esa fortuna es tenerla apozada allí o si resulta más justo vender parte de su propiedad para enfrentar estas apremiantes necesidades.

Con todo, las cosas no son tan simples. Si supiéramos que el solo hecho de privatizar la minera estatal, una empresa que lleva años sin funcionar como nos gustaría, podría permitir resolver rápidamente el drama de la extrema pobreza no habría dónde perderse. Sin embargo, nos puede pasar como a esos agricultores que, descontentos con las magras utilidades que les entrega su campo, deciden venderlo. A los pocos años no les queda ni la plata ni la tierra.

Como la solución de la extrema pobreza es muy compleja y no se resuelve solo con la variable monetaria, corremos el riesgo de perder un ingreso limitado, pero seguro, y quedarnos con los mismos o nuevos campamentos.

Los partidarios de mantener Codelco en manos estatales han hecho algunas advertencias importantes. Si el Estado retiene la totalidad de las utilidades anuales, es obvio que la empresa queda muy limitada para hacer inversiones y debe recurrir a endeudarse en mayor medida que la habitual entre los privados. Eso no necesariamente es culpa suya.

Por una y otra parte se esgrimen argumentos de peso y esto nos muestra la necesidad de examinar la cuestión más a fondo. La duda es si estamos en el momento adecuado para hacerlo. El Gobierno tiene abiertos muchos frentes y no me parece razonable que sus propios partidarios le pongan más peso encima. Hay que ayudar a que las autoridades puedan concentrarse en las cosas imprescindibles y tener éxito.

Además, ¿no debería producirse primero una discusión serena, en los medios de comunicación y en sede académica, y solo después, cuando ya contemos con una reflexión madura, llevar el tema a las instancias legislativas?

En suma, es posible discutir sobre una eventual privatización de parte de Codelco, pero no es todavía el Congreso el lugar adecuado para hacerlo ni son los parlamentarios quienes deben tener, por ahora, el protagonismo. Los temas políticos requieren un período de madurez y hay que reconocer que el asunto Codelco está lejos de haberlo alcanzado. Ya les tocará pronunciarse sobre el tema, pero ese momento aún no ha llegado.