El gobierno de Nicaragua, encabezado por el antiguo líder sandinista Daniel Ortega y Rosario Murillo, acaba de anunciar el fin de la celebración de elecciones en el país. Estas ya carecían de todo asomo democrático y eran una mascarada fraudulenta, pero el anuncio de su cancelación es la formalización de la tiranía. Las elecciones presidenciales debían realizarse a fines del presente año, postergadas para 2027 por una reforma constitucional de la Asamblea Nacional controlada por el régimen. Ahora, Ortega y Murillo dejaron claro que no admitirán siquiera una competencia electoral imaginaria.

En años recientes, Ortega y su esposa Rosario han venido profundizando el control dictatorial y la limitación de los derechos ciudadanos, diluyendo las esperanzas de cambios con libertad que auguraba la Revolución Sandinista. A esto se suma la concentración en manos de la familia de diversos negocios. Varios de los hijos de la pareja controlan medios de comunicación y ejercen cargos informales de gobierno, como Laureano, que se perfila como eventual sucesor.

Cuestionando el creciente autoritarismo de la cúpula sandinista, emergió una disidencia en el sandinismo con líderes emblemáticos como Sergio Ramírez, Dora María Téllez y Ernesto Cardenal. Daniel Ortega, entretanto, sellaba alianzas con sectores de derecha.

El régimen se afianzó en el poder a través del sometimiento de la justicia, la instrumentalización de la Asamblea Nacional y el dominio absoluto de la policía. En noviembre de 2011, Daniel Ortega consiguió reelegirse en violación de la Constitución, alegando en favor de una reelección indefinida como un “derecho humano”, lo cual fue explícitamente desestimado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La decisión del régimen de no dar un paso atrás quedó de manifiesto en abril de 2018, cuando una reforma del sistema de pensiones originó masivas protestas, reprimidas por grupos de choque oficialistas y por la policía. El saldo inmediato, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue de 328 muertos —cuyos responsables continúan impunes—, centenares de presos políticos y cien mil exiliados.

A inicios de febrero de 2023, el régimen Ortega-Murillo expulsó del país a más de 300 presos políticos, y a esos y otros exiliados los despojó de su nacionalidad, entre ellos a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, acusándolos de “traidores a la patria”.

La Iglesia Católica se transformó en blanco de las iras del régimen. El obispo Silvio Báez debió exiliarse tras recibir amenazas de muerte y ataques del régimen, y el titular de la Diócesis de Matagalpa, el obispo Rolando Álvarez, fue puesto bajo arresto domiciliario, acusado de “intentar organizar grupos violentos”. La escalada de ataques contra la Iglesia Católica derivó en la suspensión de relaciones diplomáticas de Managua con el Vaticano, y la disolución de la personería jurídica de la Compañía de Jesús, con lo cual el régimen confiscó todos sus bienes en el país.

Excombatientes sandinistas, incluyendo a la exguerrillera Dora María Téllez y el general de brigada retirado e histórico guerrillero Hugo Torres, fueron encarcelados por haber denunciado al régimen por parecerse demasiado a la dictadura somocista. Humberto Ortega, hermano de Daniel, general en retiro, exjefe del ejército sandinista, y uno de los nueve miembros fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, también fue objeto de persecución política por discrepar de la orientación del régimen.

Torres, aquejado de cáncer, falleció en la cárcel, pese a las denuncias de su familia sobre el deterioro de su salud. Conocido como el “Comandante Uno”, Torres liberó a Daniel Ortega y otros presos detenidos por la dictadura de Somoza, y, junto a Dora María Téllez, encabezó otras operaciones militares antidictadura.

El asedio a la prensa y el control de las redes ahogaron cualquier atisbo de información pública crítica. En 2025 una reforma constitucional reforzó aún más el dominio familiar del régimen creando la figura de la “copresidencia” del país para Rosario Murillo. Las reformas también establecieron la supervisión del Estado sobre la prensa y la Iglesia para que no reflejen “intereses extranjeros”.

En suma, como bien afirmaran en su momento los exguerrilleros Torres y Téllez, el gobierno que sucedió al régimen dictatorial somocista, y que inicialmente ganó legitimidad por la vía electoral, mutó a un régimen dictatorial como el de la corrupta dinastía somocista.

Heraldo Muñoz
Fue canciller de Chile entre 2014 y 2018.