La última vez que Chile tuvo un desempleo bajo el 8%, el presidente Gabriel Boric llevaba un poco más de un semestre a cargo del país; Argentina todavía no ganaba su tercera Copa del Mundo; Giorgia Meloni acababa de triunfar en las elecciones italianas, y la UF valía casi $7.000 menos.

De eso, han pasado 41 trimestres móviles, como dicta la nomenclatura técnica del INE. Pero, en castellano simple, la última fecha con una desocupación bajo el 8% fue el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2022.

Si en política una semana es una eternidad, como decía un famoso político británico de izquierda, en el mercado laboral cuatro años malos pueden volverse un infierno en la tierra.

Es curioso lo que ha pasado con el desempleo en estos últimos años: pese a ser, junto con la inflación, la temática económica más sensible y palpable para la gente —mucho más que el crecimiento y la inversión—, su presencia en la agenda pública ha sido mucho menos protagónica de lo que la gravedad del escenario haría presumir.

Los datos son elocuentes: desde fines de 2022, la tasa de desempleo se ha ubicado 15 veces entre el 8% y el 8,4%; 23 veces entre el 8,5% y el 8,9%, y tres veces en el 9% o más, como ocurre hoy (9,4%).

Puede que ahora nos hayamos mal acostumbrados, pero estos números no eran propios de Chile. Previo a la pandemia que azotó al mundo a inicios de 2020, el país completó 112 meses consecutivos con tasas de desocupación bajo el 8%. Y la última vez que exhibió una tasa de 8% o más durante la década pasada fue en el trimestre julio-agosto-septiembre de 2010.

La situación ha llevado a que técnicos como David Bravo —economista de la UC, con magíster en Harvard y quien presidió la Mesa de Reactivación Laboral convocada en mayo pasado— planteen que vivimos una “emergencia laboral” y que nuestra economía nunca logró reponerse de la pandemia.

Pero, aunque parezca increíble, el agobiante desempleo sigue campeando sin que sea un tema de primerísima necesidad para ningún gobierno. No lo fue, por cierto, para la administración anterior, que no solo no impulsó ninguna reforma estructural para elevar la ocupación, sino que se floreó con un ramillete de iniciativas que generaron varias de las condiciones objetivas para la crisis que pagamos hoy.

Primero, promovió y apoyó la Ley de 40 horas, una muestra a la vena de que los amplios consensos políticos en el Congreso no siempre derivan en políticas públicas positivas para la economía y para la gente. Segundo, impulsó ajustes para que el sueldo mínimo subiera 54% nominal durante la administración Boric, sin que este incremento guardara ninguna relación con aumentos de productividad de esa magnitud. Y tercero, presentó el proyecto de negociación ramal en los estertores de su mandato.

El gobierno del Presidente Kast tampoco ha tenido este tema dentro de sus prioridades. La timidez de la agenda del ministro del área, Tomás Rau, solo se compara con la que él exhibe habitualmente frente a las cámaras. Hay una falta de urgencia evidente: una ausencia de premura, de aquí y ahora, que es desilusionante.

Desde que este gobierno está en La Moneda, la tasa de desocupación ha saltado 1,1 punto porcentual (de 8,3% a 9,4%), lo que en la práctica significa que actualmente hay 981.320 personas que no están empleadas, pese a querer trabajar. Puesta así, la cifra puede parecer fría, pero equivale a una fila de personas, pegadas una tras otra, entre Santiago y Parral, al sur del Maule. O a 48 Claro Arena llenos de bote a bote. Si eso no impulsa las prioridades de un gobierno, es difícil pensar que otra cosa lo haga.

Pero han surgido algunas luces esperanzadoras.

La primera es la decisión de convocar a una instancia técnica (la Mesa de Reactivación Laboral) con nueve integrantes que saben del tema: desde exministras de Piñera hasta exsubsecretarios de Bachelet; desde académicas especializadas en temáticas de empleo hasta referentes internacionales en temas de inteligencia artificial.

De esta mesa surgieron 22 propuestas. Todas razonables, fundamentadas en lo técnico y centradas en varios de los temas más acuciantes (empleo femenino y juvenil, formalidad, capacitación y regulación del mercado). Hasta ahora, el gobierno ha puesto el foco en la adaptabilidad para el cumplimiento de las 40 horas semanales, proponiendo ampliar la banda de cálculo de 4 a 16 semanas.

Pero se requiere de una agenda mucho más audaz, ambiciosa y agresiva. Al igual como ocurrió con el tema delincuencia, el Gobierno debe despertar de una inentendible modorra inicial y jugarse una parte importante de su capital político en una materia que apunta a una necesidad y derecho básico para las personas, y en el que, además, cuenta con apoyos técnicos de moros y cristianos… salvo, por supuesto, el PC y el Frente Amplio.

La agenda debe ser urgente, apremiante e impostergable. Precisamente, porque la magnitud del problema coincide con estos mismos tres adjetivos.