El Gobierno ha propuesto elevar el crecimiento económico sobre la base de reducir los impuestos a las empresas y a sus propietarios y agilizar la aprobación de inversiones. Más allá de las opiniones que puedan existir al respecto, en una cosa se puede estar de acuerdo: se trata de una apuesta de largo plazo. Los informes oficiales señalan que el mayor crecimiento solo compensaría la pérdida directa de recaudación fiscal después de seis a nueve años.

No obstante, el corto plazo existe, abarca buena parte de la actual administración y no empezó bien, como lo ratificó el Imacec de mayo difundido esta semana. Esto ha llevado a una continua revisión a la baja de las expectativas de crecimiento por parte del Banco Central y los analistas. De mantenerse así las cosas, 2026 sería el primer año desde 2020 en que la economía crecería por debajo de lo esperado en sus inicios.

Las causas de las negativas cifras de actividad en los primeros meses de 2026 son claras. El primer trimestre estuvo marcado por un bajo desempeño de la minería, la agricultura y la pesca, que el Banco Central denomina como “sectores de oferta”, lo que se tradujo en una caída de 2,2% en las exportaciones en 12 meses. El segundo trimestre, por su parte, está marcado por un fuerte retroceso de las expectativas de los consumidores, gatillado por el alza de los precios de los combustibles, debilitando con ello el consumo privado.

Lo anterior podría sugerir que basta con esperar a que se disipen los factores de oferta y se normalicen los precios de los combustibles para que la economía recupere el ritmo de crecimiento de 3% anual al que se acercó en 2024 y 2025. Sin embargo, la política económica debería ir más allá y buscar medidas que apuntalen la reactivación en el corto plazo. Para ello es importante atender al comportamiento del crédito.

El flujo de crédito es esencial para cualquier economía moderna: financia capital de trabajo e inversiones, agiliza el consumo y la compra de viviendas, arrastrando con ello a la construcción. El crédito bancario es especialmente importante para las empresas medianas y pequeñas, que no tienen la posibilidad de recurrir directamente al mercado de capitales. Desgraciadamente, en los últimos años estas funciones se han cumplido solo a medias. En un episodio inédito en la historia de los ciclos económicos en Chile, el crédito bancario lleva más de cuatro años sin crecer. De hecho, en términos reales, las colocaciones comerciales se ubican actualmente en niveles de mediados de 2018.

Hay varias razones que pueden explicar esta situación. Los bancos culpan a la baja demanda y los requerimientos de capital de las normas de Basilea III y del Cargo de Capital Contracíclico aplicado por el Banco Central. También se puede citar la política monetaria restrictiva que se aplicó desde mediados de 2021 y que aún no ha completado su retorno a la tasa neutral, así como los mayores riesgos globales que presionan las tasas de largo plazo. Lo que resulta desconcertante es que, mientras el crédito se estancaba, los bancos tuvieron utilidades históricamente altas.

El mayor problema con el estancamiento del crédito es que, cuando se prolonga por mucho tiempo, se transforma en una profecía autocumplida. En efecto, al restringirse el acceso y aumentar su costo, los clientes de los bancos van deteriorando su situación financiera y cayendo en incumplimientos que se traducen en mayor riesgo y, por tanto, mayor reticencia a prestarles.

En estas circunstancias, para restablecer el flujo de crédito, especialmente a las empresas, antes que retroceder en los requerimientos de capital o pasar a una política monetaria agresivamente expansiva, es necesario encontrar formas de reducir el riesgo de las operaciones. Para ello se cuenta con una experiencia reciente exitosa: el programa de garantías Fogape que se aplicó durante la crisis del covid-19. Este programa benefició a cientos de miles de empresas, pequeñas y medianas en circunstancias mucho más complejas que las actuales, con préstamos a mediano plazo que evitaron quiebras masivas y que se devolvieron oportunamente, liberando las garantías fiscales comprometidas.

Un programa de garantías estatales para la reactivación del crédito al sector productivo permitiría adelantar la inflexión de la economía, acelerando la recuperación de la actividad y el empleo, sin tener que esperar a medidas de largo plazo. Aunque en principio la garantía estatal permitiría reducir el costo del crédito, este podría reducirse adicionalmente mediante una asignación competitiva basada en las tasas de colocación, abierta no solo a los bancos, sino también a otras instituciones financieras, incluyendo empresas fintech que ofrezcan garantías de solidez.

El largo plazo está compuesto por una sucesión de cortos plazos que comienzan hoy. Impulsar la reactivación mediante la agilización del crédito no es una distracción, sino el comienzo de ese largo plazo.