Un incómodo silencio mantiene la izquierda latinoamericana frente al caso Zapatero. Razones para la incomodidad abundan.

Durante la última década, el expresidente del gobierno español fue un articulador clave del sector, estableciendo estrechos lazos con sus líderes regionales. Pero ahora la investigación por tráfico de influencias que desarrolla la justicia española parece develar el lado oscuro de esa red: su posible utilización para los negocios del propio José Luis Rodríguez Zapatero.

Así, la imputación dictada por el juez José Luis Calama ha aportado, por ejemplo, antecedentes que acrecientan antiguas sospechas sobre las actividades de Zapatero en Venezuela. Más novedosas, sin embargo, han sido las revelaciones contenidas en un informe elaborado para el mismo juez por la policía. Esta concluyó que, entre 2024 y 2025, Zapatero recibió pagos por 200 mil euros del grupo peruano Gloria, para interceder en su favor ante las máximas autoridades bolivianas en un largo litigio que una de sus empresas, Soboce, sostiene con la firma local Fancesa, desde la expropiación, en 2010, de un paquete accionario en esta última. Frente a ello, tanto el grupo peruano como el entonces Presidente de Bolivia, Luis Arce, han entregado sus propias, y sugerentes, versiones.

Arce no desconoció las reuniones, aunque sí negó que en ellas se hubiera abordado algún litigio judicial. Según él, fueron conversaciones estrictamente políticas, en el marco de un intento del Grupo de Puebla por mediar en el conflicto que por entonces enfrentaba al propio Arce con su exaliado, Evo Morales.

Pero, por su parte, el Grupo Gloria informó a la Superintendencia de Valores de Perú que Soboce sí había contratado en 2024 a Zapatero por 200 mil euros para un “servicio de asesoría”. Por cierto, Grupo Gloria negó un eventual tráfico de influencias o que hubiera buscado incidir, vía el líder español, en algún litigio. Su versión es que las reuniones de Zapatero con autoridades bolivianas solo buscaban promover un acuerdo razonable para ambas partes que resarciera a Soboce por la expropiación, cosa que no logró. Y es que efectivamente esa controversia lleva años, sin buenos resultados para la firma. Sin embargo, ese mismo conflicto también dio lugar a un juicio por competencia desleal en el que Soboce fue condenado a pagar una millonaria suma a Fancesa... pago que en 2025 quedó congelado por otro fallo de la Sala Constitucional Segunda de La Paz, dictado, coincidentemente, días después de un viaje de Zapatero a Bolivia (recién esta semana, el Tribunal Supremo descongeló la situación, con una nueva sentencia en favor de Fancesa).

Como sea, incluso la versión más benigna de los hechos mostraría que Zapatero, al mismo tiempo que actuaba como miembro del grupo de Puebla interviniendo en Bolivia en el conflicto entre Evo Morales y Arce, era contratado para promover en ese mismo país los intereses de un grupo empresarial. Es decir, el mediador era también un lobista generosamente pagado, precisamente, por su inmejorable acceso a los más altos niveles del poder. Se trata de un conflicto de interés en toda la línea que —se supondría— debiera despertar, a lo menos, la molestia de los demás líderes del Grupo de Puebla, al constatar el aprovechamiento de esa instancia por uno de sus miembros más célebres. En vez de ello, la opción parece ser el silencio. Sus motivos, ellos los sabrán.