Señor Director:

La oposición anuncia un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra la invariabilidad tributaria, alegando que una ley no puede “amarrar la soberanía” por 25 años. El argumento confunde la irrevocabilidad de la ley, que sería inconstitucional, con el respeto a los contratos, que es el cimiento de toda economía de mercado.

Ningún Congreso futuro queda impedido de derogar el régimen o subir impuestos; solo no podrá alterar unilateralmente contratos ya firmados sin indemnizar. Es la misma lógica de las concesiones a 30 años y de los bonos soberanos a 50, que nadie denuncia como “clausura de la democracia”.

El DL 600 operó cuatro décadas (1984-2016) bajo este esquema, atrajo la inversión que financió nuestro desarrollo y jamás fue declarado inconstitucional. Lo derogaron quienes hoy invocan la soberanía popular.

La verdadera amenaza a la soberanía es un país que no crece.

Ingeniero civil