Señor Director:

La carta “Edad penal y debate reducido” (domingo) plantea una reflexión relevante. La discusión sobre delincuencia juvenil no puede limitarse únicamente a las sanciones aplicables una vez cometido un delito. También exige preguntarse cómo prevenimos que niños y jóvenes se involucren en trayectorias delictivas y cómo evitamos que quienes han infringido la ley vuelvan a hacerlo.

Con esa convicción, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además de la participación en la agenda legislativa destinada a hacer frente al crimen organizado y a la delincuencia, ha impulsado una agenda orientada a fortalecer la prevención, proteger a los adolescentes frente a la criminalidad organizada y promover procesos efectivos de reinserción social.

En ese marco, se dará suma urgencia a la tramitación de un proyecto de ley que tipifica como delito autónomo la captación, reclutamiento o utilización de menores de edad por parte de asociaciones delictivas y organizaciones criminales, reconociendo la necesidad de perseguir a quienes instrumentalizan a niños y adolescentes para la comisión de delitos.

Asimismo, el Ejecutivo ha presentado un proyecto de responsabilidad parental destinado a fortalecer la intervención temprana frente a conductas de riesgo que suelen anteceder trayectorias infractoras persistentes, reforzando y colaborando con los deberes de cuidado, orientación y supervisión de madres, padres y adultos responsables

Del mismo modo, entendemos la reinserción social como un componente esencial de una política de justicia moderna. Esto se expresa en acciones concretas, como el acuerdo con la Sofofa para ampliar las oportunidades de capacitación y empleo para personas que cumplen o han cumplido condena.

La prevención, la protección frente al crimen organizado y la reinserción efectiva son dimensiones complementarias de una misma estrategia. Es en ese equilibrio donde se concentran actualmente los esfuerzos del Estado.

Jefa de la División de Reinserción Social

Ministerio de Justicia