Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan más del 97% de las empresas chilenas. Proveen alrededor de la mitad de los puestos de trabajo, pero capturan apenas el 18% de los ingresos totales. Legalmente, se definen como aquellas empresas cuyas ventas anuales no exceden las 100 mil UF.

Las políticas que benefician exclusivamente a este sector han ganado una enorme popularidad y prominencia durante las últimas décadas. Destacan los subsidios al empleo y las rebajas y exenciones tributarias. A esto se suma una aplicación más laxa de las regulaciones laborales y de seguridad social.

¿Cómo se explica este favoritismo creciente y transversal por las pymes entre los legisladores? Parafraseando a Nicanor Parra, con la derecha y la izquierda unidas, las necesidades de las pymes siempre serán atendidas. Para la izquierda, las pymes representan a los trabajadores más vulnerables, merecedores de protección frente a los abusos del gran capital; no por nada, en su reciente Congreso Ideológico, el Frente Amplio reconoció a los micro, pequeños y medianos empresarios como “parte de ese pueblo a representar”. Para la derecha, en tanto, las pymes son el epítome del emprendimiento y encarnan los bríos innovadores del capitalismo, además de servir como una eficaz primera línea para bloquear aumentos de impuestos corporativos.

¿Son las pymes realmente el motor del crecimiento —como argumentan sus variopintos defensores— o, por el contrario, muchas de las políticas que las auxilian constituyen un verdadero lastre para el desarrollo?

Las pymes son fundamentales para dinamizar la economía, ya que algunas de ellas están destinadas a convertirse en firmas grandes y exitosas, que pagan mejores salarios. Sin embargo, las regulaciones diseñadas para protegerlas con frecuencia generan incentivos para no crecer e impiden este salto.

Tanto en Chile como en el resto del mundo, las pymes, en promedio, son menos productivas que las grandes empresas. Sin embargo, mientras que la productividad de las grandes empresas chilenas es similar a la de los países desarrollados, la brecha entre las empresas pequeñas de ambos contextos es abismal. A esto se suma que la proporción de pymes en el tejido empresarial chileno es significativamente mayor que en las economías desarrolladas.

Una reciente escuela de pensamiento en economía complementa la idea de Schumpeter, de la destrucción creativa como motor del crecimiento, con el estudio cuantitativo de las regulaciones que llevan a una “mala asignación” (misallocation) de recursos. La premisa es que cada pyme que sobrevive gracias a subsidios y exenciones que se eternizan, acapara capital y mano de obra que, de otro modo, podrían migrar hacia unidades más productivas.

Un trabajo del economista Zhang Chen, próximo a publicarse en Econometrica, resulta particularmente relevante. El autor define una métrica novedosa para medir la importancia relativa de las grandes empresas en un país y la aplica a 33 economías de la OCDE, mostrando que la correlación entre este indicador y el ingreso per cápita es sumamente alta. A continuación, Chen propone un mecanismo concreto que explica dicha relación. La idea central es que las empresas mejoran aprendiendo de pares más eficientes. Un fabricante mediano, por ejemplo, no diseña un sistema logístico desde cero, sino que lo adopta al observar a un competidor, al absorber conocimiento a través de su cadena de suministro o al contratar a un operario que trabajó en una firma que utilizaba ese sistema. Cuando las empresas buscan nuevas tecnologías, procesos o modelos organizacionales, tienden a imitar a las firmas más productivas, que suelen ser, casi por definición, las de mayor tamaño. De esta manera, las empresas grandes terminan empujando la productividad agregada, beneficiando a las medianas y pequeñas con sus innovaciones.

¿Cómo evitar que las políticas propymes frenen el crecimiento? Lo ideal sería un acuerdo transversal que priorice la evidencia y evalúe el impacto de mediano y largo plazo de estos instrumentos. Existen políticas que sí se justifican. Por ejemplo, la agilización de permisos sectoriales aprobada en el gobierno anterior favorece, principalmente, a rubros donde priman las pymes. La clave aquí es que se trata de una medida de carácter general y no de una que se aplique según el tamaño de la firma.

El reciente informe de la Comisión de Reactivación Laboral, convocada por el ministro del Trabajo, también incluye medidas que apuntan a una mejor asignación de recursos productivos. Un ejemplo relevante es el rediseño de las indemnizaciones por años de servicio. Tras un intento fallido en 2001, hoy se abre una ventana de oportunidad para una reforma que transite hacia las indemnizaciones efectivas y a todo evento, que contribuyan a que las empresas en problemas puedan evitar su quiebra. En la vereda opuesta, el proyecto de Ley Miscelánea incluye un ejemplo de política equivocada al abrir la puerta para eternizar la tasa impositiva preferencial del 12,5% para las pymes.

Chile necesita reformas que promuevan el crecimiento de manera eficaz y con responsabilidad fiscal. Las propuestas del Ejecutivo parten de un diagnóstico incompleto, que sobredimensiona la relevancia de las reducciones tributarias e ignora factores tanto o más importantes. Uno de estos, sistemáticamente omitido, es el efecto adverso que una excesiva protección de las pymes puede tener sobre nuestro desarrollo de largo plazo.   

Eduardo Engel