Chile enfrenta un problema estructural soslayado: el gran número de instituciones de educación superior de baja calidad que gradúan profesionales sin las competencias necesarias. Esto ha generado un mercado laboral saturado de trabajadores con credenciales de escaso valor mientras las empresas buscan candidatos competentes.

La PAES revela una dimensión del problema: los puntajes promedio más altos los obtiene la bordean los 800 (694 PSU) puntos promedio; las universidades más masivas, alrededor de 600 (538 PSU), y las de menor puntaje están cerca de los 560 (520 PSU). O sea, la gran mayoría de los alumnos universitarios obtiene menos de 550 puntos, lo cual refleja falta grave de competencias para tener éxito bajo estándares adecuados en estudio universitario.

Las universidades chilenas han normalizado prácticas académicamente indefendibles. Los estándares de aprobación se han rebajado sustancialmente: asignaturas que requerían 60% para aprobar, ahora se aprueban con 30-40%. Este fenómeno tiene consecuencias económicas. Denhart et al. (2014) encuentran que reducir el estándar de aprobación implica un retorno laboral 15-20% menor. En Chile, instituciones con tasas de aprobación sobre 85% registran los mayores índices de desempleo entre egresados.

Otro problema es la proliferación de académicos con maestrías y doctorados de dudosa reputación, obtenidos en universidades extranjeras, sin competencias para impartir cursos avanzados ni realizar investigación relevante.

El financiamiento basado en matrícula crea presión para mantener estudiantes sin importar su rendimiento. Muchas instituciones saben que sus estudiantes no tienen competencias para titularse bajo estándares adecuados. Aun así, atraen candidatos con publicidad que apela a sueños de movilidad social o estilos de vida, y no a realidades educativas.

Las asimetrías de información son brutales. La mayoría de los estudiantes carece de información sobre probabilidad de graduación, empleabilidad y retorno laboral. Las universidades no divulgan tasas reales de graduación por carrera, salarios iniciales o tasas de desempleo.

Chile, con 19 millones de habitantes y tasa de natalidad bajísima, debería tener entre 10 y 15 universidades de calidad. Actualmente hay 58, resultando en “universidades” que imparten asignaturas genéricas transmitiendo habilidades escolares.

Acemoglu y Autor (2010) documentan que mientras la oferta de graduados universitarios creció 3,5% anual en EE.UU., el retorno salarial cayó de 40% a 25%. Altonji, Blom y Meghir (2012) demuestran que graduados de universidades de investigación ganan 35-40% más que graduados de instituciones de baja calidad.

Chile necesita universidades financiadas para investigación y educación de calidad, institutos profesionales (2-3 años), un estamento intermedio como los “community colleges”, y centros de formación técnica especializada.

El problema no es tener demasiados profesionales, sino demasiados graduados sin las competencias requeridas. La solución requiere decisiones impopulares: cerrar o reclasificar instituciones de baja calidad, eliminar el financiamiento público a universidades sin investigación de calidad, establecer estándares rigurosos y exigir transparencia sobre la empleabilidad.

Esto no es elitismo. Es racionalidad. Los recursos educativos son finitos. Chile debe elegir: un sistema en el que la calidad de los títulos importe mucho más que su cantidad, o continuar graduando profesionales desempleados, endeudados y sin competencias reales.