A partir de nuestra experiencia como miembro de la Misión Internacional de Observación Electoral en el Perú —tanto en las elecciones generales, parlamentarias y presidenciales desarrolladas el pasado 12 de abril y el 7 de junio en segunda votación— es posible extraer una serie de conclusiones que ayudan a responder la interrogante: ¿por qué la demora en la publicación de los resultados definitivos?

En primer lugar, se debe recordar que en nuestro país el Servicio Electoral (haciendo uso de un sistema de transmisión digital de información) entrega resultados provisorios la misma noche de las elecciones. Posteriormente, el Tribunal Calificador de Elecciones realiza una revisión de cada acta electoral, identificando descuadres e inconsistencias; y, a su vez, paralelamente, resuelve los reclamos de ciudadanos que sostienen la existencia de irregularidades. Todo esto se soluciona mediante recuentos de las mesas con problemas o impugnadas en audiencias públicas.

A modo de ejemplo, el último balotaje presidencial ocurrió el 14 de diciembre de 2025 y el acta de proclamación con los resultados definitivos fue emitida por el Tribunal Calificador el 5 de enero de 2026, es decir, 21 días después.

El sistema peruano contempla dos diferencias fundamentales. Por una parte, no se aplica la distinción entre resultados provisorios y definitivos, sino que el órgano administrativo responsable de los temas electorales —la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)— es quien entrega los resultados definitivos de todas las mesas no impugnadas y, luego, incorpora lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de los Jurados Electorales Especiales (JEE) que realizan los recuentos específicos en cada circunscripción.

Se trata de un caso excepcional en la región, ya que la mayoría de los países permite la publicación de resultados preliminares o provisorios, los cuales posteriormente se ajustan con los hallazgos del proceso de recuento. Sin embargo, en el Perú se espera el resultado oficial luego de un largo proceso que involucra a los miembros de mesa, al personal de la ONPE y las definiciones del JNE.

Asimismo, debe considerarse que, salvo en los distritos de Lima y Callao, la transmisión de la información electoral se hace materialmente y a continuación se realiza el recuento de manera manual. Esto incluye a las mesas constituidas en el extranjero, que representan a 1,2 millones de electores (entre el 3% y el 4% del padrón electoral, ascendente a 27.325.432 ciudadanos habilitados.

Al respecto, no debe obviarse la accidentada geografía peruana, que convierte el repliegue físico de las actas electorales hacia los centros de cómputo en verdaderas expediciones sujetas a las inclemencias climáticas.

Volviendo sobre el tema de los recuentos de mesas ante el JEE, que constituyen la principal causa de dilación en la entrega de resultados, se trata de procedimientos realizados en audiencias públicas, altamente reglados por la Ley de Elecciones. Se configura así un sistema de validación tan escrupuloso y garantista como parsimonioso en cuanto a su liturgia y celeridad procesal.

Tomando los datos oficiales entregados por ONPE en horas de la tarde del domingo 14 de junio las actas de mesas pendientes de revisión por parte de los JEE eran 1.300, lo que representa un 1,4% del total. Considerando que cada mesa alberga a un máximo de trescientos electores y que la participación electoral ascendió a 19.285.916 ciudadanos, equivalente a aproximadamente un 70% del padrón electoral, se puede estimar que aún quedan por escrutar y agregar alrededor de 270 mil sufragios.

Por último, no se debe pasar por alto que nos encontramos ante un balotaje milimétricamente empatado. Esta situación tensiona y polariza, desde luego, el ambiente político, ya que la brecha de apenas unos miles de sufragios contrasta con la cantidad de mesas en proceso de reconteo (si bien es menos de dos centésimas del total) que puede conllevar un giro absoluto en los resultados.

Pese a la comprensible ansiedad que genera esta prolongada espera, es imperativo reconocer que más allá de la estrechez de la elección y las dificultades geográficas, existe un inmenso valor institucional de este modelo. La aparente lentitud del sistema electoral peruano tiene como fundamento perseguir la confianza ciudadana y asegurar la máxima transparencia. Se trata de un sistema que privilegia la exactitud sobre la inmediatez, que revisa los votos de manera pública y que agota todas las instancias logísticas para respetar la voluntad de los electores hasta en el rincón más remoto del país, lo que constituye una genuina fortaleza democrática.