Un canciller formado en Chicago, de un Gobierno de derecha, con una exitosa trayectoria empresarial, habló hace algunos días de política industrial. Para algunos, parece un oxímoron: “Chicago”, “derecha” y “política industrial” son conceptos que no cabrían en la misma frase.

Y la respuesta de parlamentarios de oposición no se dejó esperar. La sola mención del concepto por parte de Pérez Mackenna en la UC se escuchó como la validación de décadas de recetas intervencionistas que han sido defendidas, con distintos nombres y matices, por buena parte de la izquierda.

La discusión sobre política industrial ha retomado fuerza en el mundo, entre otras cosas, por la creciente fragmentación económica, la tensión geopolítica, la disrupción tecnológica y la transición energética. Y en Chile es relevante, además, por la caída en nuestro crecimiento y productividad.

El punto de partida es dejar atrás la idea de que se está a favor o en contra de la política industrial, así, en paquete, a fardo cerrado. Esa simplificación es absurda y no contribuye a la conversación. Porque bajo la etiqueta de “política industrial” conviven ideas muy distintas. Algunas han contribuido al desarrollo económico; otras han sido receta para el desastre. En esto hay que hilar un poco más fino.

En términos muy simples, la política industrial consiste en intervenciones públicas selectivas que buscan acelerar el crecimiento de ciertos sectores productivos al remover obstáculos, coordinar inversiones o desarrollar capacidades. Por tanto, supone reconocer algo obvio: el rol del Estado en el crecimiento económico no es solo hacerse a un lado. Es cierto que a Chile le vendría bien bajar algunos impuestos y agilizar permisos, pero la discusión de fondo no es si el Estado debe actuar, sino cómo debe hacerlo.

La evidencia muestra que una política industrial bien diseñada puede fomentar la innovación, el crecimiento y la resiliencia económica. Pero si se hace mal, puede desplazar inversión privada, distorsionar los incentivos, deteriorar la sostenibilidad fiscal y frenar el crecimiento.

A la hora de pensar en política industrial, lo primero es entender que nada reemplaza los fundamentos del crecimiento. Ninguna política industrial va a sacar de la mediocridad a una economía con exceso de burocracia, debilidad macro, inseguridad o deterioro institucional. El punto de partida es recuperar condiciones básicas para emprender, invertir y producir. Ningún país se ha desarrollado repartiendo incentivos estatales mientras dificulta la creación de riqueza.

La segunda condición la resumió el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann: “La buena política industrial trabaja con el mercado, no contra el mercado”. Hay casos en que el sector privado, actuando por sí solo, no logra coordinar inversiones, desarrollar infraestructura habilitante o capturar todos los beneficios de la innovación. Allí el Estado puede desempeñar un rol útil. En Chile, por ejemplo, apoyando la formación de capital humano especializado o fomentando la investigación aplicada. Muy distinto es proponer empresas públicas en sectores donde los privados tienen ventajas (casi todos), afectar la competencia (como hace el Estado en el litio) o proteger grupos de interés.

La tercera condición es reconocer las restricciones fiscales. Los recursos públicos son escasos y los que se destinen a política industrial compiten con necesidades en educación, salud o seguridad. Por eso, una buena política industrial requiere objetivos claros, mecanismos de evaluación y capacidad para terminar programas que no producen resultados.

Una última advertencia: ojo con la diversificación. El canciller dijo que Chile debiera aspirar a una mayor diversidad en su cartera de exportaciones. Una economía que depende de pocos productos o de pocos mercados es más vulnerable. Tiene razón. Y una política industrial puede tener un rol en desarrollar nuevas industrias (un ejemplo es el DS 701 y la industria forestal).

Pero conviene ser cuidadosos, porque algunos se confunden. La diversificación no consiste en descuidar (o frenar, como proponen algunos) las industrias donde Chile ya tiene ventajas —minería, energía, forestal, salmonicultura o alimentos— para que otras ganen participación relativa. Es fácil terminar con una economía más diversificada si las industrias más dinámicas dejan de crecer, porque el peso relativo de las demás aumenta automáticamente.

Pero eso es aritmética de colegial, no una estrategia de desarrollo.

La diversificación que necesitamos ocurrirá cuando sumemos nuevos productos, servicios y mercados a los que ya tenemos. Lo otro es hacerse más pobre en nombre de la diversificación. Y es de esperar que nadie esté pensando en eso.