Ha sido común del debate público de los últimos años el reclamar por la necesidad de una “reforma a fondo del empleo público”. Pero cuando se ha tratado de entrar en el contenido de ello se encuentran visiones contrapuestas. Mientras algunos han llegado a considerar a los funcionarios públicos como parásitos y al Estado como un estorbo para el pleno despliegue de las personas y de la economía, otros defienden al servicio público como expresión de un ethos superior de la sociedad.

Estas dos visiones se apoyan en hechos reconocibles. Los críticos pueden citar ineficiencias e irregularidades, de las cuales los abusos con licencias médicas es el más reciente y masivo. Los defensores del servicio público pueden citar verdaderas hazañas institucionales como la vacunación contra el covid-19, que puso a Chile en la vanguardia mundial.

Para reconciliar estas visiones tan distintas debemos partir por reconocer que el servicio público chileno es amplio y muy diverso. El problema no es que esa diversidad exista —sin ella el Estado no sería capaz de hacerse cargo de todas las responsabilidades que le entrega la sociedad—, sino el que a lo largo de varias décadas nos hayamos empeñado en tratar al servicio público como un todo uniforme.

Esta uniformidad parte por el Estatuto Administrativo, cuerpo legal dictado en las postrimerías de la dictadura con la lógica de un sistema parecido al de las Fuerzas Armadas, donde los funcionarios podían ir progresando en un escalafón sobre la base de méritos y antigüedad, el que tenía asociada una escala determinística de sueldos: la Escala Única. Este esquema, sin embargo, no se aplica a la Administración Pública como un todo, sino a nivel de cada servicio público, dotado de una planta de personal fijada por ley, dentro de la cual se desarrolla una carrera funcionaria acotada. Completa este esquema la norma constitucional que establece que toda creación y supresión de cargos en el sector público requiere de una ley.

Las enormes rigideces de este esquema no tardaron en manifestarse, al punto que en la actualidad existe un amplio conjunto de servicios que se han exceptuado de alguna de estas normas, mientras que prácticamente todos los aumentos de personal de los últimos 30 años se han efectuado a través de la contrata o aún a honorarios.

Reconocer la diversidad no significa que cada servicio público haga lo que quiera, sino al menos distinguir entre tres funciones distintas al interior del Estado: (a) la conducción política, restringida a las autoridades políticas y sus gabinetes de trabajo; (b) el ejercicio de potestades públicas, como la regulación, la fiscalización, el otorgamiento de permisos, la planeación y la conducción de instituciones, y (c) la prestación de servicios a la comunidad como en la salud, la educación y los subsidios a hogares carenciados. Esta distinción se hace en todos los países que tienen tradición y prestigio en esta materia.

¿Cómo deberían reflejarse estas categorías en las normas del sector público? La conducción política debería reflejarse en cargos de carácter temporal, asignados en base a la confianza, con remuneraciones previamente determinadas. El ejercicio de potestades públicas debería tener como correlato cargos con alta estabilidad, alejados de la interferencia política y con un alto nivel de profesionalización y exigencia, con una carrera bien estructurada y remuneraciones que reflejen el nivel de responsabilidad, dejando un margen para reconocer logros sin necesidad de esperar una promoción. La prestación de servicios al público debería basarse en un régimen laboral más flexible y móvil, capaz de adaptarse a las necesidades de los usuarios, con un fuerte énfasis en el desempeño, con adecuada protección social a los trabajadores y espacios regulados de negociación, resueltos mediante mediación en lugar de paros y huelgas.

Este esquema permitiría resolver la recurrente tensión entre estabilidad y desempeño en el sector público que ha empantanado la discusión sobre reformas, permitiendo que cada uno se aplique donde realmente se justifica y necesita.

Avanzar en la dirección propuesta hoy es más fácil que hace unos años, porque casi tres cuartas partes de los funcionarios de la administración civil están en cargos que terminan automáticamente al finalizar el año, sin ninguna compensación ni protección cuando dejan de renovarse. Ello abre un espacio de diálogo donde todas las partes pueden ganar: los funcionarios, las autoridades y, sobre todo, el público que aspira con todo derecho a contar con un servicio público a la altura de nuestras necesidades y desafíos.