Una burocracia eficaz es indispensable para lograr un orden político estable. Chile ha alcanzado un buen desempeño en el indicador de efectividad gubernamental del Banco Mundial, pero ha sufrido un leve deterioro en los últimos lustros. Algo similar se puede decir respecto de los indicadores de calidad regulatoria y control de la corrupción, que están influidos, en parte, precisamente por la eficacia de la gestión estatal. Por eso, los planteamientos incluidos en la última Cuenta Pública dirigidos a revisar la arquitectura del Estado, reforzar el Sistema de Alta Dirección Pública y elevar la transparencia son bienvenidos y están muy relacionados entre sí. De hecho, en la última medición de confianza de instituciones estatales de la OCDE, nuestro servicio civil apareció muy mal evaluado: solo un 24 por ciento de la ciudadanía —el nivel más bajo entre todos los países miembros— expresó alta o moderadamente alta confianza en él, muy por debajo del promedio (46%, si se excluye a Chile). Por cierto, la confianza en las instituciones está correlacionada con la evaluación de su desempeño, otra razón para abordar estos desafíos.

Respecto del primer eje, el Gobierno anunció que enviará un proyecto de ley para fusionar los ministerios del Interior y Secretaría General de Gobierno. En efecto, los regímenes presidenciales parecen funcionar mejor con un centro de gobierno que actúe como coordinador de los ministerios y, para ello, ayuda tener control sobre la vocería. Por consiguiente, parece sensato avanzar en esta línea. Más todavía cuando la función de seguridad interior del país se ha trasladado a una nueva repartición. Además, el Gobierno ha anunciado una comisión de expertos para evaluar otras posibles fusiones ministeriales. Pero tal comisión debiera considerar también si esa (la fusión) es la mejor manera de asegurar un funcionamiento más coordinado del Estado, necesidad indispensable, pues los problemas que enfrenta un gobierno son cada vez más multisectoriales. Hoy los ministerios operan como silos, haciendo prácticamente imposible coordinarlos. Con todo, una mejor arquitectura quizás no pase necesariamente por fusionar carteras. Una mejor solución puede ser la de permitir ordenar los distintos servicios públicos bajo un ministro que no esté asociado con un ministerio específico, sino con una tarea a desarrollar. Así, por ejemplo, un ministro de Infraestructura podría reunir a varios, aunque no necesariamente todos los servicios vinculados a los actuales ministerios de Transporte, Obras Públicas y Vivienda para cumplir un objetivo gubernamental específico que requiera de esa coordinación.

El Presidente Kast también planteó una modernización del Sistema de Alta Dirección Pública para abordar la demora en los procesos de nombramiento de los altos puestos y el elevado número de cargos vacantes y subrogantes. El foco debiera estar en asegurar el nombramiento de directivos capaces de gestionar e implementar las políticas de cualquier gobierno. El problema detectado está asociado a que estos cargos, más allá del filtro técnico, siguen estando muy marcados por simpatías ideológicas. Si bien ello fue parte del acuerdo que generó la Alta Dirección Pública, hay pocas razones para seguir defendiendo esta idea. Los ministros y subsecretarios cuentan con la capacidad para nombrar asesores que los ayuden a articular las políticas que quieran impulsar. En ese proceso pueden consultar a los distintos servicios, pero ello no exige simpatía con el gobierno de turno. Un sistema profesional tiene las competencias para prestar esa asesoría, aunque sus directivos puedan tener sensibilidades políticas opuestas. Un avance en esa línea es lo que llevará a menos vacancias, subrogancias y rotaciones que en el sistema actual.

En lo que llamó Transparencia 2.0, la Cuenta postuló finalmente modernizar el acceso a información pública y actualizar los estándares con los que ella se gestiona y provee. En este ámbito hay que avanzar aún más allá. Por ejemplo, en el debate sobre las proyecciones de deuda pública, diversos académicos plantearon que este podría ser mucho más productivo con transparencia respecto de los datos que se ingresaron para hacer esas proyecciones, las fórmulas que las produjeron y los cambios realizados para reproducir los resultados. Estos grados de transparencia son poco frecuentes, pero indispensables para tener un mejor debate y elaborar no solo proyecciones, sino también políticas públicas más acuciosas.