El Proyecto de Reconstrucción Nacional (PRN) nos obliga a plantearnos al menos tres interrogantes fundamentales: ¿Resolverá este proyecto los problemas fiscales que acarreamos desde hace tiempo y que se han acentuado en años recientes? ¿Será, como dice el Gobierno, “un camino claro para recuperar el crecimiento”? ¿Beneficiará este proyecto a la clase media, a los sectores más vulnerables, a todos por igual o, principalmente, a los sectores de altos ingresos?

El informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre el PRN que conocimos esta semana nos permite responder a la primera pregunta: no, este proyecto no mejorará el déficit fiscal. Usando los supuestos de los informes del Gobierno, el CFA concluye que el proyecto empeorará la situación fiscal durante los próximos seis años. Como el punto de partida es un déficit estructural en torno a 3% del PIB, esta conclusión es sumamente preocupante. Aun si el Gobierno es exitoso reduciendo 3% el gasto de cada ministerio, lo cual se ve bastante difícil, esto suma solo un 0,8% del PIB y se mantiene un déficit estructural muy alto.

Por si lo anterior no bastara, el CFA detecta varios errores y omisiones en los supuestos del Gobierno cuando analiza el impacto fiscal del PRN, los llama “riesgo de consistencia en las proyecciones”. Un ejemplo, entre muchos, ilustran el punto: El costo fiscal de la exención de IVA de viviendas nuevas se calculó con las ventas de 2024, un año en el que se vendieron mucho menos viviendas que en un año normal.

En definitiva, el objetivo de equilibrar las arcas fiscales anunciado por el Gobierno es inverosímil. Con o sin el proyecto, sobrepasamos el umbral de 45% de deuda durante este gobierno, confirmando así la proyección del FMI y poniendo en riesgo nuestra sostenibilidad fiscal.

Respecto de la segunda pregunta, la respuesta del informe del CFA es similar: el proyecto no traerá el crecimiento esperado. El crecimiento adicional que se obtiene durante la década posterior a la aprobación del PRN promedia un 0,7% anual, es decir, un tercio de la brecha entre el 2% actual y el 4% al que se aspira. Y, nuevamente, el CFA constata “riesgos de consistencia” en las proyecciones. Por ejemplo, el Gobierno proyecta que el crédito tributario al empleo seguirá teniendo impacto luego de su desaparición, algo que no es habitual en este tipo de análisis.

Finalmente, respecto de la tercera pregunta de esta columna, no existen estimaciones sofisticadas del impacto distributivo del PRN. Sin embargo, es evidente que algunas medidas son regresivas, por ejemplo, eliminar las contribuciones para los adultos mayores, ya que 74% de las viviendas de este grupo no paga contribuciones, pues su avalúo fiscal se encuentra en el tramo exento.

La opción ideal sería que el Gobierno se hiciese cargo de las deficiencias del proyecto y lo mejore. Un punto de partida es eliminar las medidas que son costosas fiscalmente y que contribuyen poco y nada al crecimiento. La más importante entre estas es el crédito tributario al empleo, con un costo estimado de al menos 1.400 millones de dólares anuales y con una generación de empleos bastante reducida. También se puede incluir en este grupo la exención de contribuciones, la reintegración del sistema tributario, la invariabilidad tributaria, la repatriación de capitales y la reducción del impuesto a las donaciones, entre otras medidas. Asimismo, debieran considerarse medidas adicionales que contribuyan al crecimiento y sean de bajo costo fiscal.

El Gobierno parece estar optando por el camino opuesto: hacer caso omiso del informe del CFA. Una señal de esto fueron las respuestas que dio el director de Presupuestos a las observaciones del CFA y que no se hacen cargo de las críticas. Por ejemplo, a propósito del crédito tributario al empleo que genera crecimiento luego de su extinción, su explicación fue que las fuentes de datos utilizadas por Hacienda y el CFA eran distintas. La diferencia de fuentes no explica por qué un subsidio sigue impactando luego de que se acaba. Más preocupante aún es la afirmación del ministro Quiroz, respaldada por el Presidente, de impulsar la reforma por decreto si esta no avanza en el Congreso.

Este jueves se aprobó la idea de legislar en la Cámara de Diputados y la estrategia del Gobierno apunta a obtener los votos que necesita para aprobar el proyecto en particular, eliminando el IVA a los pañales y los medicamentos y manteniendo un tratamiento tributario privilegiado para las pymes. Ninguna de estas medidas contribuye al crecimiento y todas agravan los problemas fiscales. Además, en el caso de las exenciones del IVA, se abre la compuerta para futuras exenciones a la principal fuente de ingresos fiscales. Existe un camino alternativo: negociar con parlamentarios de oposición dispuestos a perfeccionar el proyecto y subsanar sus deficiencias.

El CFA es una institución técnica y autónoma del Estado de Chile, formada en 2019, con la misión de contribuir a una política fiscal responsable. Su prestigio se ha ido consolidando en el tiempo, incomodando a gobiernos de distinto signo. Primero, indicó que la PGU del gobierno de Piñera no estaba plenamente financiada. Luego, criticó errores reiterados y significativos en las estimaciones de ingresos del gobierno de Boric.

Las advertencias del CFA fueron acertadas en ocasiones anteriores y fueron ignoradas por los gobiernos correspondientes. ¿Volverá a suceder lo mismo esta vez, perdiendo así la oportunidad de dar un salto en el crecimiento y avanzar, al mismo tiempo, hacia la consolidación fiscal?