Una de mis primeras actividades como ministro fue ir a Puente Alto a entregar computadores a los niños de 7° básico. Colas de familias para entrar al gimnasio, alcalde, diputados y el ministro, todos aplaudidos a rabiar por los asistentes que iban a recibir un regalo que le cuesta al contribuyente varias decenas de millones de dólares al año. En el viaje me metí a revisar uno de los laptops de última generación con varios software educativos incorporados. En el papel, un gran programa.

A mi regreso después de haber asistido a una fiesta de la política en que me sentí a medio camino entre Don Francisco y Santa Claus, le pregunto al equipo encargado si se capacitaba a los profesores en los software y me responden que no. Les pregunto cómo lo usaban en clases y si tenían medido el efecto pedagógico y me contestan algo así como “no ministro, los niños no los llevan al colegio, son pocas las escuelas donde hay 40 enchufes en una sala. Además, muchas familias los venden en la feria; los que los llevan, se los quitan los mayores o se los roban en la micro y los que los conservan, lo usan más para jugar en las casas que para aprender”. ¿Y el efecto pedagógico entonces?, pregunto candorosamente. “Negativo”, me contestan.

Acto seguido, pido que evalúen el programa y vean si tenía redención, porque es malo que el Ministerio de Educación gaste millones de dólares para deseducar a los niños. Me parecía que o mejoraba la educación o mejor dedicar la plata a otra cosa. Al día siguiente, en la comisión de Educación del Congreso, un diputado me interpela: “hemos escuchado, ministro, que usted quiere terminar con el programa de computadores, que es muy querido por nuestras familias”. Yo explico que por el momento lo único que había pedido era que se reestudiara este regalo, para que educara en vez de deseducar. En ese instante, un diputado del FA me interrumpe y me dice que es un “derecho”, no un “regalo”… seguido de un “usted no quiere que lo acusemos constitucionalmente”.

Ese programa tiene empresas privadas que profitan, funcionarios que justifican su razón de ser en organizarlo, políticos que ganan votos entregando los laptops con plata del contribuyente y familias que reciben un regalo, para venderlo, jugar y, en los menos casos, para educarse, todos alineados en mantener un programa mal evaluado, pero que genera votos, pegas y plata. Al otro lado, un ministro amateur que tenía la temeridad de preocuparle el efecto pedagógico sobre los alumnos y el buen uso de plata pública. Por supuesto, en la comunidad política ese ministro era insensible y no sabía nada de política. Tirar plata en helicóptero sobre Bajos de Mena puede ser una política social redistributiva, pero no será eficiente: alguna llegará a destino, pero parte caerá en una cancha de polo en Pirque, en el río Maipo o en los narcotraficantes. Pero terminarla tendrá la oposición de muchos y el apoyo de pocos.

Así reparé en la diferencia entre los amateurs que van a la política con criterios de sector privado —ser eficiente, cuidar la plata y hacer algo útil— y los profesionales que saben ser populares, conservar su poder y salir reelegidos (para los lectores literales, aclaro que esta categorización es una simplificación y está lleno de honrosas excepciones, buenas y malas, en ambos sentidos).

El choque al interior de un gobierno entre los amateurs y los profesionales es sin anestesia. Los programas mal evaluados tienen padrinos y beneficiados, los costos se socializan y los beneficios se individualizan y por eso, aunque sea obvio terminarlos, es tan difícil hacerlo. Los que están por mantenerlos tienen prensa, los beneficiados los defienden y los amateurs quedan como miserables y carentes de experiencia política. Un político evitará lo impopular y por eso cualquier idea que busca disminuir gasto, pegas o poder dirá “hay que pensarlo bien”, “vamos de a poco”, “creemos una comisión”, etc. La idea es procrastinar hasta que se acabe el ímpetu de los que llegan y la tiranía del statu quo se imponga.

El Presidente puso un ejemplo de mal uso de platas públicas financiando estudios inútiles que nadie lee, lo hace exagerando para que se entienda, y saltan todos. No se refería al “Principia Mathematica” de Newton, sino a “los derechos políticos y civiles de los niñes en el Chile de hoy, desde la perspectiva de los hijes y mapadres”, que nos costó $256 millones, o “Despatriarcar y descolonizar desde el sur de Chile…” que costó $450 millones.

Ningún político se hace famoso por derogar leyes, echar a operadores y cortar gasto, por eso yo los aplaudo, porque están haciendo la pega que se necesita para alivianar la carga y volver a crecer.