La interpretación de lo que estaba pasando en el 2019 y las consignas que la acompañaron, desde el “no son 30 pesos, son 30 años”, hasta “que la crisis la paguen los ricos”, no tienen el mismo efecto en el Chile de 2026.

Por eso es interesante la confesión del exasesor presidencial de Gabriel Boric, Matías Meza-Lopehandía, reconociendo que fue un error estratégico “reconducir el malestar del estallido social hacia un proceso constitucional”. A su juicio, debieron aprovechar el momento para presionar por reformas concretas: tributaria, salud, pensiones (afortunadamente no siguieron ese camino, sus fórmulas en esas materias han fracasado donde se han implementado).

La izquierda se arrogó la exclusividad para comprender las exigencias de una mayoría. Fueron por todo y el resultado fue algo más que una derrota electoral: el estrepitoso rechazo a una visión política y el progresivo retorno al piso firme, algo más aburrido, pero más seguro.

El resultado de la elección presidencial se explica, en buena parte, por ese cambio de clima y expectativas. Bien conducidos, pueden ser vientos favorables, no para un determinado sector político, sino para el país de las próximas décadas.

Partamos porque en Chile hoy se valora la estabilidad. Si en pleno estallido aspirar a ella era símbolo de statu quo, el deseo de frenar los cambios para no perder privilegios, hoy se mira como la condición para que todo lo demás fluya. Seguridad, prosperidad familiar y, desde luego, paz social.

Luego, hay una evidente revalorización de la autoridad. Se entiende que el Estado de Derecho descansa en su ejercicio, que desde luego está sometido a reglas, pero que jamás puede aceptarse su denigración. Un sector minoritario ha intentado hacerlo con integrantes del gabinete del Presidente Kast y ha recibido de vuelta un amplio repudio, un humillante desprecio.

Tal vez el cambio más importante de los últimos años es la mejor comprensión del papel del crecimiento económico para una sociedad que aspira a vivir mejor. Tras años de una narrativa centrada en la redistribución sobre la creación de valor, hoy parece aceptarse que cuando el crecimiento se frena lo hacen también el empleo, los salarios, las políticas sociales y, ciertamente, la libertad.

Cuánto ha crecido Chile dejó de ser un indicador puramente técnico. Aun cuando predomina la creencia de que cada décima del PIB favorece más a las grandes empresas (no es así y las explicaciones de la derecha son aún débiles para demostrarlo), la economía tiene hoy un rol estelar en las prioridades.

El proyecto de ley de la Reconstrucción merece poner toda la atención en ese giro ciudadano, al menos en dos sentidos.

Primero, es posible que hoy no tenga el mismo efecto el mantra del beneficio para el “1% más rico” que abraza siempre la izquierda frente a las reformas de reactivación. Pero exige ser confrontado con habilidad y convicción. Esa debería ser por ahora la tarea más importante –por no decir única– de los partidos oficialistas, porque dejar dentro de cuatro años mejores condiciones para la prosperidad es, por cierto, un legado político.

En segundo lugar, si bien los cambios que han experimentado las expectativas responden a desafíos reales, la seguridad, el empleo, la gestión eficiente del Estado, pueden girar en cualquier momento. Las exigencias ciudadanas, transitan siempre por una delicada trama, que debe cuidarse.

Después de un largo y cansador ciclo de inestabilidad, una mayoría pide certezas. Que el crecimiento vuelva a ser la norma, que el empleo sea otra vez la principal vía de movilidad social, después de la educación. La tarea de quienes gobiernan es no perder de vista que el Chile que despertó, finalmente, lo hizo para exigir normalidad y prosperidad.