De acuerdo a la Ley sobre Responsabilidad Fiscal, el gobierno entrante tiene 90 días para establecer, a través de un decreto, las bases de la política fiscal que guiarán a la administración. En concreto, deberá explicitar metas anuales para el balance estructural y un ancla de mediano plazo para la deuda bruta. El nuevo ministro de Hacienda tiene un plan ambicioso que ha reiterado desde la campaña: recortar gastos de manera significativa y rápida, y converger al balance estructural.

Por buenas o malas razones, desde el 2008 a la fecha, todos los gobiernos han tenido dificultad para cumplir con los compromisos adquiridos en sus respectivos decretos fiscales. De hecho, todos modificaron sus decretos iniciales y terminaron sus períodos comprometiendo metas de balance estructural menos exigentes que las iniciales y cada vez más deficitarias. La contracara de estos incumplimientos ha sido una deuda fiscal creciente —que aún está en niveles manejables— y un gasto que sistemáticamente supera los ingresos estructurales. Como muestra el gráfico, desde el 2008, todos los gobiernos, en todas las circunstancias cíclicas, han gastado más que su capacidad de recaudación de mediano plazo.

Así, la posta fiscal ha sido persistentemente estrecha. Cada gobierno entrante se encuentra con que no hay recursos para programas nuevos, lo que, en el acumulado, ha vuelto más ajustado el espacio fiscal. Ello no ha inhibido a los gobiernos de comprometer recursos relevantes en programas nuevos, como la gratuidad en la educación superior y la creación y expansión de la PGU. Para financiarlas, los gobiernos han implementado reformas tributarias e iniciativas para el cumplimiento. Pero como ellas no han rendido de acuerdo a lo proyectado, los nuevos programas se han financiado parcialmente con déficit, agregando a la inercia.

La administración pasada inauguró la idea de una regla dual: al objetivo de balance estructural agregó un ancla para la deuda bruta. La meta de balance ha perdido credibilidad por los incumplimientos reiterados y por la dificultad para estimar el rendimiento de las reformas y proyectar ingresos con razonable precisión. Pero ello no significa que la regla deba desecharse. Al contrario, es importante fortalecerla porque es una guía que obliga a priorizar el gasto.

Fijar un objetivo de deuda ha sido una buena idea. Finalmente, el objetivo de fondo es la sostenibilidad de la deuda pública. Al mismo tiempo, reconoce que las necesidades de financiamiento son más amplias que la cobertura de déficits, pues se necesitan recursos para capitalizar a las empresas públicas, cumplir con los aportes anuales al Fondo de Reserva de Pensiones y recomprar cartera del CAE, entre otros. Por motivos contables, nada de ello aparece en el balance fiscal y, sin un ancla de deuda, arriesga no recibir la atención que merece.

Asimismo, los informes financieros (IF) que acompañan a los proyectos de ley que significan gasto requieren de modificaciones sustantivas, más allá de los cambios legislados recientemente. Los IF son difíciles de leer y están construidos sobre supuestos que no son transparentes. Hay mucha asimetría entre lo que hace y publica la Dipres y lo que puede entender el resto del país, incluyendo a los legisladores. Al mismo tiempo, los plazos de proyección en los IF son muy cortos en casos relevantes. Y luego no se revisa si las estimaciones se cumplieron, ni se repara si las proyecciones de financiamiento se quedaron cortas. En otras palabras, no hay reconocimiento suficiente de la incertidumbre respecto de ingresos y gastos futuros.

El gobierno entrante también desea reducir impuestos. Si bien el impuesto corporativo es relativamente alto y requiere revisión, la experiencia internacional demuestra que las rebajas fiscales no se pagan solas. Deben compensarse con otros impuestos, mayor cumplimiento y/o reducción del gasto. Dado que elevar impuestos está descartado, parece prudente encontrar y acordar políticamente espacios de ajuste al gasto antes de pensar en implementar una rebaja tributaria. Cabe destacar, al mismo tiempo, que la consolidación fiscal no necesita que el gasto caiga; basta con que crezca por debajo de la economía.

La sostenibilidad fiscal refiere a la capacidad de los estados para cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía, en el presente y el futuro, independientemente de las circunstancias cíclicas de la economía. La tendencia de las finanzas públicas requiere de metas fiscales exigentes, pero realistas. También de cautela a la hora de tomar nuevos compromisos, además de acuerdos políticos amplios para que las medidas hacia la convergencia sean duraderas.