El mandato para este gobierno es claro. En lo económico, ordenar las cuentas fiscales, reactivar la economía y generar empleo. Estas son condiciones indispensables para avanzar también en el plano social. Sin crecimiento ni disciplina fiscal, cualquier aspiración de progreso termina siendo frágil.

Estos temas ocuparon un lugar central durante la campaña, por lo que nadie debiera sorprenderse ahora por las medidas que se adopten para cumplir ese objetivo. Seguramente no todas serán populares, pero deben contribuir a la meta trazada. Ello exigirá avanzar en reformas legales, ajustes administrativos y mejoras en la gestión pública. Pero lo deseable sería que aquello en lo que se avance perdure en el tiempo: que no dependa únicamente de la voluntad o del liderazgo de una administración, sino que quede instalado como una nueva regla del juego. Que el impulso actual implique cambios institucionales, construir sobre roca, y no se agoten en el valor perecible de una gestión valiosa pero finita.

Recuperar el orden y la credibilidad fiscal es una tarea ineludible y requerirá una agenda ambiciosa de ajustes. Aunque existe amplio consenso en torno a la necesidad de recortar el gasto, cuando llega el momento de concretarlo cada sector suele defender su propia área, sosteniendo que el ajuste debiera recaer en otra parte. Ya han surgido voces que advierten lo difícil que será implementar el recorte de 3% en todos los ministerios mandatado por el Ministerio de Hacienda, aun cuando nadie discute que un ajuste relevante es indispensable.

Un ajuste fiscal probablemente no estará exento de costos políticos. Por lo que ordenar las cuentas públicas hoy, y pagar los costos asociados, habrá servido de poco si, en cuatro años más, una nueva administración vuelve a desordenarlas.

Por lo mismo, es necesario comenzar por cambiar la forma en que se han hecho las cosas en el pasado. En primer lugar, evitando aprobar leyes desfinanciadas, tal como lo alertó el Consejo Fiscal Autónomo durante la tramitación de la reforma de pensiones. Tampoco debiera aprobarse el presupuesto de la nación cuando existe información suficiente que plantea serias dudas respecto de las proyecciones de ingresos presentadas por la autoridad. Del mismo modo, una rebaja tributaria solo tendrá efectos positivos si es creíble en el mediano plazo. Si se percibe como una medida transitoria por problemas fiscales, su impacto en las decisiones de inversión será necesariamente limitado.

Un desafío similar se observa en el ámbito de la inversión. Se valora como primera señal el instructivo presidencial firmado el primer día de gobierno, que busca agilizar la tramitación de proyectos. Sin embargo, se trata principalmente de una herramienta de gestión que no introduce nuevos plazos legales para la administración pública. Liderazgo y mejor gestión pueden ayudar a desmalezar la burocracia y reimpulsar la inversión, pero si esos esfuerzos no se traducen en procedimientos, normas y prácticas permanentes, el riesgo es que el Estado vuelva rápidamente a su letargo al cambiar las autoridades.

En ese proceso será clave el rol del Ministerio de Economía en la implementación de la ley de permisos sectoriales aprobada el último año. Pero también será necesario ir un paso más allá: revisar y eliminar requisitos que quizás en el pasado tuvieron sentido, pero que hoy ya no aportan al desarrollo del país y permanecen simplemente porque nadie se ha detenido a evaluarlos.

La información también resulta fundamental para mejorar la gestión. Contar con indicadores regionales y sectoriales sobre la duración de los trámites permitiría identificar brechas y evaluar avances. No es un misterio que existe una gran disparidad en el desempeño de distintas autoridades y servicios a lo largo del país. Disponer de métricas claras permitiría monitorear en el tiempo la respuesta de la burocracia estatal y generar un proceso de aprendizaje al interior de la administración pública, a partir de las experiencias de aquellos servicios que logran mejorar efectivamente su gestión. Tener presente el conocido dicho de que “lo que no se mide no se puede mejorar”.

Porque, en definitiva, el verdadero éxito de un gobierno no se mide solo por lo que logra impulsar durante cuatro años, sino por los cambios que consigue consolidar de manera permanente. Las reformas deben traducirse en nuevas formas de hacer las cosas; deben modificar incentivos, instituciones y prácticas de gestión. De lo contrario, si todo vuelve a depender del impulso de cada administración, será difícil avanzar de manera sostenida hacia el desarrollo.

El desafío, entonces, no es solo avanzar. Es tratar de institucionalizar una manera de hacer las cosas, que nos permita evitar volver al momento de precariedad fiscal en que nos deja la administración saliente. Es una lección muy antigua: edificar sobre roca.