Señor Director:

A propósito de la columna de ayer de Gustavo Lagos, más allá del inexplicable objeto de protección que se pretende incorporar en el decreto sobre el Salar de Atacama y que amenaza a toda la producción de litio, así como de otros minerales, se instala una realidad preocupante: sin contar aún con los reglamentos de la Ley SBAP que deben regular la protección de áreas, estamos nuevamente frente a una flagrante falta de cumplimiento de condiciones mínimas para una consulta pública informada, con plazos adecuados y con los antecedentes técnicos suficientes que permitan evaluar correctamente el alcance de la decisión.

La regulación propuesta —debido a estas omisiones insubsanables— no define estándares, indicadores ni umbrales, pero aun así se busca avanzar con celeridad hacia un decreto supremo antes del término del actual mandato.

En materias que comprometen uno de los principales recursos estratégicos del país y su desarrollo futuro, la solidez institucional y la certeza jurídica no son opcionales.

Jorge Riesco
Presidente de Sonam