Indignación causó la ostentosa fiesta con que el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama celebró su quinto aniversario y cuyo video se viralizó en las redes sociales. El episodio derivó en la salida del director ejecutivo suplente —quien había desempeñado el mismo cargo en el SLEP de Valparaíso, recibiendo críticas de apoderados de la zona— y en una denuncia ante la Contraloría. Amplificó el rechazo la crítica situación de este servicio y poco contribuyó a aplacarla la explicación de que la fiesta no fue pagada con recursos públicos, sino por proveedores, lo que en rigor más bien agrava la falta, por el evidente conflicto de interés involucrado.

El despliegue de alfombra roja, limusina, cámaras, bar abierto y otros lujos, no solo es un desatino tratándose de una entidad educacional pública, sino que además resulta ofensivo para aquellos padres que han debido enfrentar los severos problemas que han sufrido establecimientos dependientes de esta entidad. Entre ellos, el paro docente de 83 días ocurrido en 2023, fallas graves en la infraestructura de los colegios, y otras deficiencias derivadas de la escasez de profesores y del alto porcentaje de inasistencia crítica, con resultados académicos deficientes que en parte explican el que esta haya sido la región con peor desempeño en la última PAES. Otro signo de la crisis, siete personas han dirigido este servicio desde su implementación y quien debía ahora asumir como suplente también renunció.

Por cierto, el caso de Atacama alcanza ribetes emblemáticos por su gravedad, pero algunos de los problemas que allí se viven existen en mayor o menor medida en muchos de los 24 servicios actualmente en operación. Ello es, en parte significativa, el resultado de las serias deficiencias de diseño en la institucionalidad que se creara durante la segunda administración de la Presidenta Bachelet para desmunicipalizar la educación pública. Lo evidencian las sucesivas postergaciones que han debido hacerse en los traspasos programados hasta 2030, cuando los 70 SLEP que manejarán los establecimientos deberán estar operando en todo el país. Se ha cuestionado la arquitectura del sistema, que no garantiza ni la suficiente autonomía ni la existencia de controles eficaces, derivando en los problemas de gestión que hoy se observan. La acumulación de directores removidos sin que pueda nombrarse un titular se ha atribuido al hecho de que estos son nombrados vía Alta Dirección Pública, lo que toma tiempo, pero a esto se agrega la demora en los sumarios respectivos, que paradójicamente mantiene recibiendo sus sueldos a funcionarios cuestionados y que ya dejaron de desempeñar sus tareas. Una mirada a los nombres de quienes cumplen funciones en estos servicios revela en muchos casos la alta incidencia de las redes políticas locales en las designaciones. También ha sido objeto de críticas el papel de la Dirección de Educación Pública, aunque su director ha afirmado que la ley no lo faculta para intervenir, sino solo para acompañar la gestión de cada servicio.

Por todo lo anterior, existe consenso respecto de la necesidad de ajustar una normativa que ha dado muestras de ser deficiente en muchos aspectos. Sin embargo, el proyecto para intentar corregir falencias del sistema, ingresado a trámite en abril de 2024, aún no es despachado por el Congreso y especialistas han advertido de su insuficiencia. Satisfacer el anhelo ideológico de terminar con la administración municipal de la educación pública ha resultado en un esfuerzo de gran complejidad y resultados dudosos, pese a los mayores desembolsos de recursos que ha involucrado. Y es que el remedio a los problemas de la educación no pasa por más centralismo, sino por mayor apoyo profesional y técnico, poniendo a profesionales calificados al frente de estos servicios. El destino de la educación pública chilena no puede quedar entregado a administraciones deficientes, simbolizadas en festejos impresentables.