La “extracción” de Nicolás Maduro mediante una operación militar de Estados Unidos en Venezuela da lugar a dos debates que no son meramente académicos. El primero dice relación con la legitimidad de la intervención y su impacto sobre las reglas del derecho internacional, que para un país mediano como Chile resultan esenciales. El segundo, igualmente relevante, obliga a mirar hacia atrás y preguntarse qué falló para que el régimen dictatorial iniciado por Hugo Chávez lograra perpetuarse durante décadas, sin que ningún mecanismo ni organismo internacional pudiera detenerlo.

Este proceso no comenzó con Maduro, sino tempranamente bajo el gobierno de Chávez. En 2007 se produjo la ocupación militar de las instalaciones del principal canal privado de televisión, RCTV, y la expropiación de todos sus bienes bajo el pretexto de “no renovar la concesión”, dando de paso una señal de amedrentamiento a todos los medios y periodistas independientes y motivando la protesta de organismos, organizaciones y parlamentos a nivel internacional. En 2015 la Corte Interamericana condenó al Estado de Venezuela por este atropello, ratificando lo que algunos no quisieron ver, pese a la evidencia.

Para 2009, la Corte Interamericana condenó al Estado de Venezuela por las agresiones a periodistas y trabajadores de Globovisión, otro canal privado perseguido por el régimen junto con una treintena de radioemisoras cuyos procesos de clausura se habían iniciado en un contexto de continuas y abiertas amenazas públicas de Chávez y sus ministros a los medios de comunicación.

A esa misma fecha, la degradación y desmantelamiento de las instituciones democráticas estaba ampliamente documentada en pronunciamientos del Parlamento Europeo (2008), de los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y la OEA, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre otras prácticas, se constató la falta de independencia del sistema judicial, con cientos de fiscales designados discrecionalmente, el uso de acusaciones penales sin pruebas para amedrentar opositores, la inhabilitación arbitraria de candidatos y la sustracción de competencias a autoridades de oposición electas.

Sin embargo, frente a toda esta evidencia, amplios sectores de la izquierda latinoamericana optaron por mirar para el lado. La bonanza petrolera permitió financiar un programa asistencialista de gran magnitud que elevó la popularidad de Chávez y le permitió además financiar generosamente otros “procesos” políticos en la región. Recordemos la controvertida donación de 9 millones de dólares a la Universidad Arcis, por ejemplo.

El éxito aparente de un modelo sostenido exclusivamente por el extraordinario precio del petróleo alimentó la ilusión del llamado “socialismo del siglo XXI” y llevó a muchos a negar, por convicción o conveniencia, lo que ya era evidente: una sostenida corrosión de las instituciones democráticas y una creciente violación de los derechos humanos.

Chile no fue una excepción. En 2007, el proyecto de acuerdo del Senado que protestaba por el cierre de RCTV no contó con los votos de la izquierda. En 2009, con todos los antecedentes sobre la mesa, los senadores de izquierda, nuevamente con la excepción de dos senadores democratacristianos, no apoyaron el proyecto que adhería a la protesta internacional y exigía el uso de mecanismos diplomáticos frente a un régimen que ya transgredía abiertamente la Carta Democrática de la OEA y la Convención Americana de Derechos Humanos. Similares votaciones se repitieron en la Cámara de Diputados durante esos mismos años.

Este desenlace obliga, entonces, a asumir responsabilidades políticas. Durante casi dos décadas hubo quienes, por compromiso ideológico o conveniencia circunstancial, de modo contumaz, se negaron a reconocer y condenar violaciones a los derechos humanos que estaban documentadas, denunciadas y confirmadas por tribunales internacionales. Sería sano, y necesario, que hoy al menos lo reconocieran.

Luis Pardo Sáinz
Diputado electo, expresidente de la Archi (2005-2017), de la AIR (2007-2013) y de la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile