Durante la última década, el sistema de acceso universitario en Chile ha cambiado más de lo que solemos reconocer. Las cifras son evidentes: lo que comenzó como un ajuste marginal en las ponderaciones del NEM y el Ranking terminó transformando el equilibrio del sistema. Hoy, ambos factores pesan más que nunca en la selección universitaria, desplazando progresivamente a las pruebas estandarizadas.

Este giro no es neutro ni inocuo, y sus efectos son visibles. En el proceso de admisión 2026, el 79% de las carreras —equivalente a 1.693— aplicará ponderaciones conjuntas de NEM y Ranking iguales o superiores al 40%, consolidándolos como componentes sustantivos del sistema de selección y reflejando, al mismo tiempo, una disminución relativa del peso de las pruebas de admisión.

El problema es que el Ranking, tal como ha operado hasta ahora, no cumplió la promesa que justificó su creación. Lejos de corregir inequidades, terminó reforzándolas y profundizándolas.

Con una correlación prácticamente perfecta con el NEM (0,99 en el proceso de admisión 2026), el Ranking vigente ha funcionado más como una bonificación adicional que como un verdadero mecanismo de equidad educativa. En la práctica ha premiado trayectorias escolares que ya partían con ventaja y ha acentuado brechas que el sistema buscaba reducir.

No se trata de una discusión ideológica, sino empírica. Cuando casi la mitad de los estudiantes provenientes de colegios particulares pagados concentra promedios de enseñanza media significativamente más altos que sus pares de establecimientos subvencionados y municipales —6,4 versus 6,0 en Admisión 2026—, insistir en instrumentos altamente redundantes equivale a naturalizar la desigualdad bajo una apariencia técnica. El sistema, hasta ahora, ha confundido mérito con contexto, y equidad con un ajuste de alcance limitado.

Frente a este escenario, y tras diversos análisis técnicos y consultas al comité de expertos, durante el primer semestre de 2025 el Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario aprobó el denominado “Nuevo Ranking”, marcando un cambio relevante en el sistema de admisión.

A diferencia del modelo vigente —que en la práctica opera como una bonificación adicional sobre el NEM—, el nuevo Ranking asignará puntajes en función de la posición relativa de cada estudiante dentro de su contexto educativo, utilizando poblaciones de referencia comparables. De este modo, dos estudiantes de distintos colegios que se ubiquen en la misma posición relativa obtendrán el mismo puntaje Ranking, aun cuando presenten promedios de notas distintos.

Con este cambio se busca reducir la redundancia con el NEM, mejorar la capacidad predictiva del sistema y, sobre todo, avanzar en equidad, favoreciendo a estudiantes de contextos más vulnerables sin desvalorizar el mérito académico.

No obstante, es importante precisar que el “Nuevo Ranking” no es una solución mágica. Su implementación, prevista para la Admisión 2028, enfrentará desafíos técnicos, culturales e institucionales. Requerirá ajustes en los modelos de selección, un esfuerzo serio de comunicación pública y, sobre todo, voluntad política para sostener el cambio frente a las presiones por mantener el statu quo. La apelación a la autonomía universitaria no puede transformarse en una excusa para eludir correcciones necesarias, cuando la evidencia muestra que el sistema actual no funciona como se esperaba.

El mayor riesgo no está en cambiar, sino en cambiar a medias. Si el “Nuevo Ranking” se incorpora sin una evaluación rigurosa de sus efectos, sin monitoreo continuo y sin ajustes oportunos, podría terminar reproduciendo nuevas distorsiones bajo una lógica distinta. Por eso, la discusión no debiera cerrarse con su aprobación, sino abrirse a un seguimiento permanente, transparente y basado en evidencia.

El acceso a la universidad no se define solo por una fórmula, pero las fórmulas importan. Importan porque ordenan oportunidades, validan trayectorias y envían señales potentes al sistema escolar. El “Nuevo Ranking” es hoy una corrección necesaria. Que se convierta o no en un avance real dependerá de la capacidad del sistema para sostener una conversación honesta, informada y libre de inercias.

Porque en materia de equidad, la evidencia muestra que no basta con enunciar objetivos, es necesario revisar y ajustar aquellos instrumentos que, aun bien diseñados, no han producido los resultados esperados.

Víctor Loaiza
Director de análisis institucional y gobierno de datos,
Universidad Adolfo Ibáñez