El fuerte aumento del precio del cobre representa, sin duda, uno de los principales cambios del último tiempo en las condiciones económicas que enfrenta Chile. En el último mes, el metal pasó de 5,3 a 5,9 dólares la libra registrados ayer, superando los US$ 6 en algunas jornadas. La sostenibilidad de este rally es objeto de discusión, toda vez que la velocidad del salto parece algo desproporcionada para las noticias conocidas. Con todo, parece ir consolidándose una visión de que la demanda permanecerá alta por un buen tiempo, lo que podría traducirse en precios altos también por un período más sostenido.

Pero aunque las primeras reacciones en Chile sean más bien de optimismo, los riesgos asociados a este nuevo escenario no son menores. Por una parte, los mayores ingresos fiscales que de acá podrían derivarse abren la posibilidad —verdadera tentación— de postergar o, eventualmente, anular los esfuerzos de racionalización del gasto público propuestos por el Presidente electo. Y, en efecto, mayores ingresos fiscales permiten, en principio, contener el déficit presupuestario y el crecimiento de la deuda pública, pero la necesidad de ajustar el gasto no solo obedece a una situación fiscal compleja, sino también a la urgencia de modernización en la manera en la que funciona el aparato estatal, priorizando programas y eliminando gastos superfluos o programas de baja rentabilidad social. Los mayores ingresos por el cobre no hacen mejores los numerosos programas mal evaluados ni acrecientan la eficacia de la gestión pública. Así, el primer riesgo es que una situación fiscal algo más holgada contribuya a perpetuar esos problemas.

Un segundo peligro proviene de la institucionalidad fiscal que nos rige. Si este mayor valor del cobre es evaluado como permanente por la comisión que determina el precio de largo plazo para efectos fiscales, entonces los mayores ingresos serán gastados y no ahorrados. Así, el entusiasmo que hoy se percibe con este rally puede impulsar a que buena parte de los mayores ingresos sean considerados como estructurales, lo que podría generar un boom de corto plazo a costa de un ajuste a la baja en el futuro: sabido es que en estas materias nada es para siempre. De hecho, el país ya vivió una situación como esta cuando, con posterioridad a la crisis de 2008, los altos precios del cobre fueron, en parte importante, incorporados como permanentes en la regla fiscal, lo que llevó a aumentos muy significativos del gasto público que, en ese momento, no se tradujeron en altos déficits. Sin embargo, la posterior caída del precio, a mediados de la década pasada, y la dificultad política para hacer el ajuste necesario explican buena parte de los problemas fiscales presentes en el país.

El alto precio del cobre es una buena noticia, pero los riesgos económicos derivados también son altos. La responsabilidad con que actúen el gobierno y el Congreso entrantes será determinante para el provecho que el país pueda sacar de esta situación.