Coincidentemente se publicaron esta semana los resultados de la PAES y de la Encuesta Casen, el reporte más importante en Chile para medir condiciones sociales y sus trayectorias.

En los próximos meses conoceremos análisis más precisos sobre ambos instrumentos. Por ahora, la información gruesa muestra las consecuencias de los deterioros que ha experimentado Chile, varios de los cuales emergieron de reformas mal orientadas.

La CASEN 2024 indica que la pobreza en Chile continúa cayendo (excepto en la pandemia). Con todo, viven bajo su línea casi 3 millones 500 mil personas; sobre un millón en situación de pobreza severa, con cerca de 340 mil hogares, más de la mitad encabezados por una mujer. En los sectores más vulnerables los ingresos por trabajo disminuyen significativamente y los subsidios adquieren una importancia capital para la sobrevivencia.

En cuanto a la PAES, alcanza un récord de inscritos para rendirla y en la mayoría de las pruebas suben los puntajes. Los liceos emblemáticos siguen deteriorándose; solo se registra un establecimiento público entre los 100 con mejores promedios, en la versión del Mineduc, “las brechas de rendimiento se mantienen estables”. Y asoman como una luz para potenciar en el futuro los Liceos Bicentenario, con un modelo fundado en mayores exigencias y más altas expectativas.

Si la CASEN y la PAES están vinculadas a la movilidad social, las noticias no son alentadoras. Salvo que consideremos el período que está por abrirse como una oportunidad para dar una auténtica batalla cultural por la libertad para la prosperidad. Una batalla, por cierto, distinta a la que rugen en streaming políticos de moda y lejos de las diatribas moralizadoras que reclaman por la globalización y las vacunas.

Partamos por la educación. Incluso quienes abrazaron con pasión las reformas en el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet (básicamente la izquierda) habrán de reconocer que después de una década los resultados no son los prometidos. Son cambios sobre todo administrativos, algunos con evidente carga ideológica, que no han alterado —e incluso han profundizado— la distancia entre la educación pública y la privada. El futuro gobierno parece orientarse hacia otro camino: calidad y exigencia en la sala de clases, mayor conexión con la familia, autoridad de los docentes y directivos; y mayor libertad para abrir colegios con diversos proyectos educativos.

En cuanto a las condiciones sociales en el país, reaparecen varias claves, que también parece compartir la futura Moneda. Primero, encender con convicción los motores del crecimiento, desde la invitación a inversiones extranjeras, hasta destrabar cientos de negocios atrapados hoy en la maraña burocrática y el activismo ambiental. Luego, liberar las amarras del empleo, cuyas implicancias van más allá de un salario: se relacionan con la dignidad de la persona humana y las aspiraciones de progreso por medios propios. En tercer lugar: los datos son elocuentes respecto de las mayores dificultades de las mujeres, especialmente las más vulnerables, ya no solo para encontrar un empleo, sino para compatibilizarlo con el cuidado familiar, cuando son las únicas cabezas en el hogar.

Un debate pendiente y necesario: cuán reñido está el trabajo con las ayudas del Estado, ¿son efectivamente un desincentivo? O, al revés, ¿es la dificultad por encontrar un empleo lo que empuja a miles de personas a recurrir a ellas, a cambio de la frustración de la cesantía sin ingresos?

Dejamos para otro día ahondar en la autocomplacencia del Gobierno para interpretar los resultados de la PAES y la CASEN; y la grandilocuencia para atribuirse lo que los datos no señalan. Un adelanto de la narrativa que estrenará el 11 de marzo la futura oposición.