Por primera vez en quince años, la pasada elección presidencial no tuvo en los ejes de campaña de los candidatos, ni en sus programas, a la Constitución. Ni el ganador y actual Presidente electo, José Antonio Kast, ni la derrotada en la ronda final, Jeannette Jara, ni tampoco ninguno de los que obtuvieron las votaciones siguientes colocó sus esperanzas electorales en propuestas de nuevas constituciones, en gruesas reformas a la Carta actual o en intensas retóricas críticas al orden constitucional de 1980.

Este escenario depurado de consignas constitucionales es una completa novedad. Cambió después de cuatro elecciones presidenciales seguidas constitucionalizadas (2009, 2013, 2017 y 2021). Un terreno que permaneció dos décadas intensamente manipulado por candidaturas, ahora se encuentra pacificado. Una verdadera y saludable “pax constitucional”, al amparo de la Carta Fundamental de 1980 —con su profunda reforma de 2005—, legitimada transversalmente luego de los fallidos plebiscitos de 2022 y 2023. Así es, la ciudadanía habló y descartó el intento refundacional promovido inicialmente, ya desde 2008, por cierta élite intelectual que luego derivó en radical, y que tomó fuerza institucional luego del estallido de 2019, para ser rechazado por casi dos tercios de la ciudadanía en septiembre de 2022. La misma soberanía popular rechazó un año después —con menos margen— el texto que se había incubado desde el mismo plebiscito anterior, cuando en la campaña del Rechazo se prometió —con algo de precipitación— “una nueva, pero mejor Constitución”.

Las campañas que desde 2010 recurrieron sistemáticamente a promesas constitucionales como supuestos vehículos de progreso para Chile olvidaron algo fundamental: las buenas políticas públicas, los marcos regulatorios necesarios para el crecimiento, la seguridad, las políticas sociales, la mejor educación y la vivienda, no están en la Constitución, y solo dependen flexiblemente de ella, a modo de orientación. La tesis de que las insatisfacciones de Chile tenían origen constitucional fue seductora, pero gravemente errada. Lamentablemente, para alcanzar esta convicción y sostenerla, se requiere conocimiento técnico, dominio preciso de la jurisprudencia constitucional, de leyes y reglamentos, nada de lo cual fue de interés de muchos partidos y liderazgos. Ellos tendieron a politizar integralmente el debate 2019-2022, azuzados por sus reparos en distintos grados a una Carta a la que, pese a sus más de 55 reformas, no se le reconocía plena validez democrática. Cualquier debate técnico sucumbía ante la ansiedad de sustitución que les despertaba el orden vigente. Pues bien, los promotores de ese primer intento fueron los primeros en revalorizar los atributos de la Constitución de 1980 cuando se enfrentaron a un nuevo proyecto redactado democráticamente, pero desde sus antípodas ideológicas, validándola reiterada y explícitamente.

Así, llegamos a esta paz constitucional, indispensable como condición realista de consenso en un momento en que Chile requiere retomar la senda correcta, perdida en parte por los errores constituyentes.