Señor Director:

Consumado el derrocamiento de Nicolás Maduro, la discusión relevante ya no es si su caída era deseable, sino si en los días siguientes será capaz de producir legitimidad, orden y un retorno efectivo al proceso democrático.

En efecto, una transición nacida de la fuerza puede abrir una oportunidad, pero también puede incubar un nuevo ciclo de arbitrariedad, ahora bajo otro signo. Esta es claramente una película que ya hemos visto muchas veces.

En lo inmediato, la prioridad es evitar el vacío de poder y contener la violencia, de modo que la seguridad pública, como también los servicios básicos no colapsen. Con todo, ese objetivo no autoriza un tutelaje indefinido ni una administración excepcional sin controles. Por el contrario, se requiere una autoridad transitoria inequívocamente venezolana, con mandato limitado, fiscalización real y un calendario verificable hacia elecciones competitivas, con observación internacional creíble, pero también con garantías para los derrotados de mando medio y la oposición.

Asimismo, la justicia por corrupción y violaciones de derechos humanos debe avanzar con seriedad, pero con debido proceso para que no se transforme en purga extrema.

Del mismo modo, la reconstrucción económica y humanitaria exige transparencia radical, atendido a que si la recuperación se percibe como reparto de contratos y rentas, la legitimidad del nuevo proceso se erosionará desde el inicio.

Finalmente, la comunidad internacional debería acompañar sin sustituir, ayudando a estabilizar y a organizar elecciones, pero evitando administrar el poder desde fuera. En Venezuela, el éxito del cambio a seguir no se medirá por el derrocamiento ya ocurrido, sino por la capacidad de construir instituciones que permitan asegurar el mínimo de gobernabilidad que el contexto reclama a gritos.

Rafael Pastor Besoaín
Decano Facultad de Derecho y Humanidades Universidad Central de Chile